SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un total de 203 trabajadores estatales fueron sancionados con hasta 22 años de cárcel por delitos de corrupción, según señaló el diario oficialista Granma.
Las personas, que pertenecían a varias empresas del Estado de los sectores de alimentos, gastronomía y tabaco en La Habana, habrían provocado “pérdidas millonarias” al país.
Malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales fueron algunos de los delitos por los que se les acusaron, luego de realizar auditorías a las distintas empresas.
Sin embargo, no se ha precisado cuándo sucedieron los juicios ni dónde se celebraron.
Además de los condenados a prisión, 383 personas fueron sometidas a medidas disciplinarias. El 95% de estas medidas fueron despidos (9.6%), separaciones definitivas de la entidad (42%) y separaciones definitivas del sector (44%), dijo la nota de Granma.
Los presuntos delitos, según detalló el reporte, fueron presentados a los órganos de instrucción del MININT.
En los juicios efectuados a los 203 implicados se impusieron sanciones de entre dos y 22 años de privación de libertad en dependencia de la gravedad de los hechos.
Las medidas se producen luego de auditorías realizadas en las empresas provinciales de Elaboración de Alimentos, Gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana. Además de en las subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, Mayorista de Mercado Paralelo, y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos.
Casos parecidos
Las investigaciones iniciaron luego de detectar que administradores de unidades de comercio alteraban el monto de sus ventas minoristas, que no coincidía con el del efectivo depositado en banco y el efectivo en caja pendiente de depositar.
Ello habría generado falta de liquidez en las empresas de Comercio y Gastronomía para garantizar su compromiso de pago. Habiendo llevado a cabo las auditorías se demostró que también hubo desvío de efectivo y de productos, “lo que constituyen delitos y hechos de corrupción administrativa”.
En otras empresas, como la Provincial de Comercio de La Habana y su filial del municipio de Plaza de la Revolución, se realizaron intervenciones para “dar respuesta a una denuncia de la población”.
La investigación, según acotó el texto, arrojó otro modus operandi que se repite en otros lugares.
Se trata de la falsificación de slips bancarios no emitidos por el banco, “para enmascarar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas, en los que se incluyen los correspondientes a la comercialización de productos liberados a precios diferenciados a la población, que el Gobierno destinó para complementar, en parte, la canasta familiar normada”.
Haciendo hincapié en que estos infractores están siendo sometidos a proceso penal, el reporte intenta mostrar casos ejemplarizantes.
La prensa oficialista pide una “mayor exigencia” y una adecuada implementación del sistema de control interno para evitar los delitos, mientras evita mencionar las causas que habrían llevado a los trabajadores y directivos a cometer los delitos.
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