LA HABANA, Cuba.- Desde el pasado 19 de septiembre y hasta el día 30 del presente mes de octubre tiene lugar la XIV Comprobación Nacional al Control Interno, la cual incluye acciones de control en 305 entidades estatales de todas las provincias del país. Estas auditorías se extenderán a organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas, unidades empresariales de base, hoteles, y otros centros de importancia.
Estamos en presencia de un gran despliegue de especialistas en aras de defender los recursos estatales. Toman parte en esta Comprobación Nacional 2 157 auditores del Sistema Nacional de Auditoría y la Contraloría General de la República, 101 expertos de la Oficina Nacional de Normalización y la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, así como más de 850 estudiantes universitarios de carreras afines a la economía.
De acuerdo con el vicecontralor general de la República, Darlam Dalmau Palomino, el eje central de la Comprobación “será la evaluación del cumplimiento de las 43 medidas aprobadas para el fortalecimiento del sistema empresarial, y de las 63 para dinamizar la producción agropecuaria”.
Se programan, además de la ya referida producción agropecuaria, inspecciones a las exportaciones, la producción de alimentos, el turismo, el transporte, la salud pública y el peliagudo sector energético. También las auditorías analizarán a las empresas que reportan pérdidas en su gestión, así como aquellas que exhiben ganancias excesivas. Ganancias que, según las autoridades, podrían ser el resultado de fraudes en el sistema contable que emplean estas entidades.
Adicional a estos objetivos principales a evaluar, hay un grupo de temas complementarios que serán fiscalizados según las características y la relevancia que tengan en la labor de las entidades. Entre ellos están los procesos de contratación económica, las cuentas por pagar y cobrar, el pago de nóminas, los inventarios, el control de los medios de transporte, los activos fijos tangibles (medios básicos) y los procesos inversionistas.
Un asunto que, de acuerdo con la información oficial, de ninguna manera va a quedar fuera de estas auditorías son las normativas aprobadas para el uso del combustible. Evidentemente, la cúpula gobernante se halla muy preocupada por los altos precios internacionales del petróleo y otros componentes energéticos, y también por los problemas que afrontan varios de sus habituales suministradores, entre ellos Rusia.
El uso de este gran ejército de controladores se justifica por el creciente número de anomalías que están aconteciendo en las entidades estatales. Incluso hechos que trascienden los robos de poca monta o las violaciones de las normas metodológicas de actuación, para convertirse en auténticas depredaciones de los recursos materiales y monetarios de las empresas.
Hay que recordar, por ejemplo, que durante la última comprobación al control interno efectuada en el 2019 -no tuvieron lugar en el 2020 ni en el 2021 debido a la pandemia del coronavirus- se detectaron dos hechos calificados de “corrupción” por las autoridades, en entidades del comercio minorista, que consistieron en no depositar en los bancos el dinero recaudado por las ventas a la población.
Ello provocó que esas entidades no pudieran pagarles a sus suministradores, avivando de esa manera la cadena de impagos que, entre otras cosas, obstaculiza el normal desenvolvimiento de la economía nacional.
En aquella ocasión se dijo que debían de mejorarse las condiciones de vida y de trabajo de los auditores. Todo en aras de estimularlos para que permanecieran en su labor, y se frenara el éxodo de estos profesionales hacia otras ocupaciones.
La convocatoria ahora a esos más de 850 estudiantes universitarios para que participen en esta Comprobación Nacional pudiera ser un indicio de que no se logra completar la tropa que requiere la señora Gladys Bejerano para velar por los intereses de la clase gobernante.
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