Miles de bibliotecarios y trabajadores culturales se oponen en Estados Unidos a los recortes gubernamentales que apuntan al desmantelamiento del Institute for Museum and Library Services (IMLS; Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas) y, por consiguiente, causarían “daños irreparables” a las bibliotecas del país.
Este martes, la American Library Association (Asociación Estadounidense de Bibliotecas) se unió a un sindicato que representa a más de 42 mil trabajadores de la cultura a nivel nacional –la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales– para interponer una demanda contra las decisiones de la administración Trump, las cuales, sostienen, no solo amenazan esos importantes centros comunitarios, sino que violan la ley.
Se trata de otro frente de batalla judicial entre empleados públicos, sindicatos y organizaciones civiles, de un lado, y la Casa Blanca de Donald Trump, del otro, a raíz de las acciones emprendidas por el paraestatal Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que lidera Elon Musk, el hombre más rico del mundo; vale decir: la intempestiva supervisión de agencias y dependencias federales, el congelamiento de fondos y actividades, e incluso la desarticulación o el cierre de algunas de ellas y, por supuesto la cesación de decenas o cientos de trabajadores…
Según reportes de prensa, la demanda se presentó ante una corte en el Distrito de Columbia unos días después de que el IMLS despidiera a su junta directiva y a la mayor parte de sus 70 empleados; asimismo, dicha agencia federal independiente había empezado a informar a dependencias en los estados acerca de los recortes en sus subvenciones.
El recurso legal argumenta la ilegalidad de las medidas en base a que no fueron aprobadas en el Capitolio: “El Congreso es la única entidad que puede legalmente desmantelar la agencia, no el presidente y, mucho menos, el DOGE”, se sostiene en la demanda, que asimismo pretende frenar “cualquier medida adicional para disolver la agencia” hasta que se decida en corte sobre el fondo de la cuestión.
La semana anterior, 21 estados presentaron una demanda similar en la Corte de Distrito de Rhode Island, la cual señalaba la inconstitucionalidad de los recortes puesto que compete al Congreso decidir cómo se emplean los fondos federales.
Creado en 1996, y vuelto a homologar en 2018 durante el primer gobierno de Donald Trump, el IMLS posee un presupuesto anual de casi 290 millones de dólares y financia bibliotecas, museos y archivos a lo largo y ancho de Estados Unidos.
