MIAMI, Estados Unidos ― La manifestante del 11J Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez permanece aislada en un cuarto del centro de detención conocido como el Vivac, en La Habana, y asegura que continúa siendo maltratada tras más de una semana bajo custodia policial, denunció este jueves la activista Anamely Ramos González.
“Su madre sigue en el Vivac y solo pudo verla a través de una ventana. La tienen en un cuartico aparte aislada”, señaló Ramos en una publicación en Facebook. “Ella insiste en que está siendo maltratada y ellos [oficiales del Vivac] dicen que ella está loca”, agregó Ramos González.
La activista e historiadora del arte exiliada responsabilizó a los órganos represivos cubanos por el deterioro físico y psicológico de la joven, quien ya había presentado conductas autolesivas durante su encarcelamiento por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
“Antes de que la encerraran por el 11J, Yuna era una muchacha normal, con sueños y aspiraciones. La violencia extrema de la cárcel sobre ella la llevó a autoagredirse y ahí empezaron las pastillas, muchas, suministradas por ellos mismos para ‘calmarla’”, afirmó.
La activista también alertó sobre las condiciones en las que se encontraría recluida y aseguró que lleva más de una semana encerrada y sin comer. “Si Yunaykis Linares no resiste la presión y atenta contra su vida los únicos culpables serán ustedes!”, advirtió antes de exigir su excarcelación: “Ella no cometió delito alguno por lo que tiene que ser liberada ya!”.
La activista Tania Tasé informó previamente que Linares había sido trasladada al Vivac junto con su padrastro, Luis Alberto Reyes López, y otros detenidos. Según esa denuncia, las demás personas quedaron recluidas en el centro, mientras la situación de la joven generaba incertidumbre debido a los intentos anteriores de someterla a una evaluación psiquiátrica.
Linares, de 28 años, fue arrestada la noche del 2 de junio durante un operativo policial desarrollado en Santa Amalia, municipio habanero de Arroyo Naranjo, en medio de una protesta por los prolongados apagones y la falta de agua. Su padrastro también fue detenido durante la intervención de las fuerzas policiales.
Desde un calabozo de la estación policial de El Capri, donde fue recluida inicialmente, Linares grabó un video en el que denunció haber sido golpeada y asfixiada durante el arresto.
“Estoy golpeada, me asfixiaron; el policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme”, declaró. El Centro de Información Legal Cubalex denunció que fue introducida de cabeza en una patrulla, con las manos inmovilizadas detrás de la espalda, y que posteriormente le negaron agua y asistencia médica.
La joven se declaró en huelga de hambre el 5 de junio, después de permanecer más de 72 horas detenida sin que su familia recibiera información clara sobre la existencia de cargos en su contra. Las autoridades intentaron trasladarla entonces al Vivac, pero fue devuelta a El Capri con el argumento de que debía ser evaluada por especialistas en psiquiatría.
La posibilidad de internarla como paciente psiquiátrica provocó nuevas alertas de familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de que su historial de autolesiones y el tratamiento recibido durante su anterior encarcelamiento fueran utilizados para desacreditar sus denuncias o mantenerla bajo control sin garantías legales.
Cubalex había documentado desde 2024 que Linares padecía asma y trastornos de tiroides, tenía antecedentes de conductas autolesivas y había sido sometida a periodos de aislamiento y a tratamientos psiquiátricos sobre los que su familia decía disponer de escasa información.
Linares fue procesada por participar en las manifestaciones del 11J en la Esquina de Toyo, en La Habana. La Fiscalía solicitó inicialmente 17 años de cárcel por sedición; un tribunal la condenó a 14 años y, tras un recurso, la sanción fue reducida a ocho.
La joven fue excarcelada en febrero de 2025 bajo libertad condicional, después de cumplir más de tres años en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao. La sentencia no fue anulada, por lo que la actual detención podría servir a las autoridades para revocar el beneficio penitenciario y obligarla a cumplir los aproximadamente tres años restantes de la condena.
