LIMA, Perú — La Seguridad del Estado (SE) mantuvo este domingo el cerco sobre periodistas independientes, activistas y opositores cubanos, en una nueva jornada de vigilancia y restricciones de movimiento desplegada con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, mientras durante la noche anterior se reportaron nuevas manifestaciones en varias localidades del país.
La periodista de CubaNet, Camila Acosta, denunció que los agentes encargados de vigilar su vivienda permanecían nuevamente apostados en las inmediaciones de su edificio desde las primeras horas de la mañana.
Según relató a este diario, los represores abandonaron el lugar cerca de la medianoche del sábado, pero regresaron pocas horas después para reanudar el operativo.
Acosta explicó que el escritor Ángel Santiesteban, su pareja, intentó salir de la vivienda, pero fue interceptado por un agente de la SE que le impidió abandonar el inmueble.
«Ahí está la patrulla con dos policías y dos mujeres vestidas de civil. Es el mismo de la Seguridad del Estado de ayer», denunció la periodista.
El nuevo dispositivo represivo se suma a los desplegados desde el viernes contra integrantes de la sociedad civil independiente. Ese día, Acosta informó que un oficial identificado como Mario Raciel Soulary Garcés permanecía vigilando su vivienda, mientras denunciaba que, pese al colapso del Sistema Electroenergético Nacional, «para la represión y el hostigamiento a la prensa independiente el régimen dispone de todos los recursos».
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció igualmente en la víspera que su presidente, Manuel Cuesta Morúa, y la activista María Mercedes Benítez amanecieron sitiados por la policía política. «Cinco años después, el régimen sigue respondiendo con represión a quienes ejercen pacíficamente sus derechos y libertades», señaló la organización.
Las medidas de vigilancia también alcanzaron a la periodista independiente Yoani Sánchez, directora de 14ymedio; al activista Adelth Bonne Gamboa, quien denunció la presencia de una patrulla frente a su edificio mientras recordaba que su comunidad llevaba más de 17 días sin agua potable; al periodista Valdimir Turró, quien reportó vigilancia policial en la esquina de la calle donde reside; y al colaborador de CubaNet Alberto Méndez Castelló, que alertó desde Las Tunas sobre la presencia de colaboradores de la SE merodeando su vivienda desde el viernes.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también informó que permanecía bajo vigilancia la casa de Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, quien igualmente fue impedido de salir de su domicilio.
La huella del 11J
Mientras tanto, plataformas digitales y medios independientes reportaron durante la noche del sábado nuevas protestas y cacerolazos en distintos puntos del país, desde la provincia de Artemisa hasta barrios de La Habana, así como un amplio despliegue policial para impedir que las manifestaciones se extendieran.
Cinco años atrás, el estallido social comenzó en San Antonio de los Baños, en Artemisa, y en cuestión de horas se propagó por más de 50 ciudades y localidades de la Isla. Las movilizaciones estuvieron motivadas por el descontento ante la crisis económica, la escasez de alimentos y medicamentos, los prolongados apagones y la falta de libertades.
La respuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel fue emitir la conocida «orden de combate», tras lo cual el régimen desplegó efectivos del Ministerio del Interior, fuerzas especiales y grupos afines al Gobierno, además de restringir el acceso a internet para dificultar la comunicación entre los manifestantes y la difusión de imágenes de las protestas.
La represión dejó como saldo la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, abatido por un disparo el 12 de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera, además de más de un millar de detenidos, muchos de ellos condenados a penas de hasta 30 años de prisión.
Aunque ha transcurrido un quinquenio desde aquellas manifestaciones, las consecuencias de la represión siguen vigentes. La organización Justicia 11J informó este fin de semana que 338 personas permanecen encarceladas por haber participado en las protestas y lanzó la campaña #CincoAñosSinJusticia para reclamar su liberación y mantener visible la situación de los presos políticos del 11J.
