LIMA, Perú — El quinto aniversario de las protestas del 11 de julio volvió a poner en evidencia el choque entre la narrativa oficial del régimen castrista y la de miles de cubanos que recuerdan aquellas manifestaciones como un reclamo espontáneo de libertad.
Este sábado, el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, reivindicó la actuación del Gobierno durante el estallido social de 2021 y atribuyó las protestas a una supuesta conspiración organizada desde Estados Unidos.
En un mensaje difundido en Facebook, el exministro de Cultura sostuvo que «el pueblo cubano y la Dirección Revolucionaria derrotaron, juntos, un plan gestado y financiado por el Imperio y la mafia miamense». También describió las manifestaciones como «una farsa de sublevación en reclamo de libertad», integrada por «gente pagada desde el Norte, junto a personas confundidas e irresponsables y saqueadores sin escrúpulos».
Prieto concluyó su publicación con una defensa de la respuesta gubernamental a las protestas. «Ese día vencimos!!! Y seguiremos venciendo!!!», escribió.
Sin embargo, la explicación ofrecida por el intelectual oficialista difiere de los registros elaborados por organizaciones de derechos humanos y observatorios independientes sobre lo ocurrido en julio de 2021.
El estallido social comenzó en el municipio de San Antonio de los Baños, en Artemisa, y en cuestión de horas se propagó por más de 50 ciudades y localidades de la Isla. Las movilizaciones estuvieron marcadas por reclamos de libertad, así como por el descontento ante la crisis económica, la escasez de alimentos y medicamentos, los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida.
La reacción del gobernante Miguel Díaz-Canel fue dar la infame “orden de combate”, desplegando así efectivos del Ministerio del Interior, fuerzas especiales y grupos afines al régimen, al tiempo que restringieron el acceso a internet para dificultar la comunicación entre los manifestantes y la difusión de imágenes de las protestas.
En ese contexto murió Diubis Laurencio Tejeda, abatido por un disparo en el barrio habanero de La Güinera el 12 de julio de 2021. La represión dejó además más de 1.000 detenidos, muchos de los cuales recibieron condenas que alcanzaron hasta 30 años de prisión.
Aunque han transcurrido cinco años desde aquellas manifestaciones, las consecuencias judiciales persisten. La organización Justicia 11J informó este fin de semana que 338 personas continúan encarceladas por su participación en las protestas y lanzó la campaña #CincoAñosSinJusticia para visibilizar a quienes siguen privados de libertad y reclamar su excarcelación.
