MIAMI, Estados Unidos ― El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el pasado 13 de junio un informe que insta al Gobierno cubano a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), permitirle funcionar libremente y aceptar una misión internacional de contactos directos, tras constatar la “total falta de avances” en un caso abierto desde hace casi 10 años.
El Comité de Libertad Sindical señaló que el régimen no entregó información sustantiva sobre las denuncias de hostigamiento, detenciones, agresiones, restricciones de movimiento y despidos de sindicalistas independientes. El órgano lamentó “profundamente la total falta de avances” y observó “nuevamente que el Gobierno no ha facilitado elementos concretos sobre la investigación de los hechos alegados ni ha aportado documentación pertinente, como copias de investigaciones o sentencias judiciales”.
Las conclusiones forman parte del informe provisional sobre el caso 3.271, iniciado a partir de una queja presentada por la ASIC el 21 de diciembre de 2016. La denuncia se refiere a la falta de reconocimiento legal de esa organización y a ataques, persecución, agresiones, detenciones, despidos y otras formas de discriminación e injerencia antisindical atribuidas a las autoridades cubanas.
Entre los nuevos alegatos examinados figura el hostigamiento y las amenazas que habría sufrido una decena de sindicalistas el 11 de julio de 2025, principalmente en La Habana, Matanzas y Cienfuegos. La ASIC identificó a Emilio Alberto Gottardi Gottardi, Nora Noa, Luis Orlando León Randich, la periodista sindical Yunia Figueredo Cruz y su esposo, el escritor Frank Correa, Yoani Olivera Vicente, José Manuel Barreiro Rouco, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Iván Hernández Carrillo y Sonia Álvarez Campello, esposa del preso político Félix Navarro Rodríguez.
La organización también denunció episodios de acoso y amenazas ocurridos con pocos días de diferencia en octubre de 2025 contra el periodista y defensor de derechos humanos Julio Aleaga Pesant, Emilio Alberto Gottardi Gottardi y el trabajador sanitario y activista sindical Lázaro Roberto Aguiar Mendoza. Para la ASIC, los incidentes evidenciaron una campaña coordinada de intimidación contra sus colaboradores y representantes en diferentes provincias.
La queja recoge además una nueva detención arbitraria y un interrogatorio intimidatorio contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, en el municipio matancero de Colón. La organización denunció de manera más amplia el monopolio sindical estatal, reclamó reformas democráticas y verdadera libertad sindical, y solicitó a la OIT respaldo público y una misión internacional de observación y seguimiento.
El Gobierno cubano rechazó las acusaciones en comunicaciones remitidas el 23 de marzo y el 13 de abril de este año. Alegó que los querellantes no son trabajadores ni empleadores, carecen de vínculo laboral en Cuba y de representación sindical legítima, reciben financiamiento y apoyo de organizaciones extranjeras y persiguen objetivos políticos. También sostuvo que las denuncias carecen de pruebas y pretenden desacreditar al Estado.
La Habana aseguró que en el país están garantizados la libertad sindical, el debido proceso y el diálogo social, y pidió al Comité actuar “con objetividad y sin politización”. Asimismo, afirmó haber presentado durante 10 años respuestas amplias y documentadas, consideró que existe información suficiente para cerrar el expediente y calificó su mantenimiento como un posible abuso de los mecanismos de control de la OIT. El Gobierno volvió a invocar las sanciones estadounidenses y su impacto sobre las instituciones cubanas.
El Comité reconoció la “persistencia de versiones divergentes” entre las partes, pero observó que el Gobierno “no aporta información sustantiva en relación con sus recomendaciones anteriores”. También recordó que los principios y estatutos de la ASIC corresponden al ámbito propio de una organización de trabajadores, pues propugnan la autonomía sindical, el respeto de las normas internacionales del trabajo y la defensa de los intereses laborales, sin vinculación político-partidista.
El órgano de la OIT advirtió que lleva varias décadas examinando denuncias sobre la negativa del régimen a reconocer organizaciones sindicales no afiliadas a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sobre la intervención estatal en su funcionamiento. “El derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto esencial del derecho de sindicación”, recordó el Comité, que también consideró que la demora en el registro constituye “un grave obstáculo a la constitución de organizaciones”.
Las recomendaciones aprobadas exigen al Gobierno presentar los resultados de investigaciones y, cuando corresponda, las sentencias judiciales relacionadas con Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Daniel Perea García, Yisan Zamora Ricardo, Willian Cruz Delgado, Roque Iván Martínez Baldarraín, Jefferson Ismael Polo Mezerene, Anairis Dania Mezerene, Ulises Rafael Hernández López, Rodolfo Aparicio Alemán y Leonardo Hernández Camejo.
La OIT pidió además información sobre repetidos actos de persecución contra Liván Monteagudo Rivero, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Consuelo Rodríguez Hernández, Lázaro Roberto Aguiar Mendoza, Yunia Figueredo Cruz, Emilio Alberto Gottardi Gottardi, Iván Hernández Carrillo, Ulises González Moreno, Yaquelin Dalis Caballero, Yoanys Olivera Vicente e Ibán Guerra Hernández, así como una respuesta a otras comunicaciones enviadas por la ASIC en abril y mayo de 2025.
El Comité volvió a reclamar la sentencia condenatoria dictada contra Humberto Bello Laffita y exigió garantías de que ningún trabajador sea detenido por ejercer actividades sindicales. También demandó que Hernández Carrillo pueda realizar su labor sin injerencia de las autoridades y que los miembros de la ASIC tengan libertad de movimiento dentro del territorio nacional, incluida su participación en manifestaciones y actividades sindicales celebradas fuera del país o en foros virtuales internacionales.
Entre las solicitudes pendientes se encuentran igualmente las investigaciones sobre los despidos de Ismael Valentín Castro, Dania Noriega, Kelvin Vega Rizo y Pavel Herrera. El Comité sostuvo que no dispone de elementos nuevos que permitan modificar sus conclusiones anteriores y subrayó la importancia de que La Habana acepte la misión de contactos directos que solicita desde 2022 para recabar información, facilitar el diálogo entre las partes y comprobar la aplicación de sus recomendaciones.
Cuba ha ratificado los convenios 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación; 98, sobre sindicación y negociación colectiva, y 135, relativo a los representantes de los trabajadores. Pese a esas obligaciones internacionales y a los sucesivos pronunciamientos del Comité, el caso 3271 permanece abierto desde diciembre de 2016.
