LA HABANA, Cuba. – Por lo visto, Vladímir Putin pretende realizar la reforma económica en Cuba y vender alimentos con elevados precios, al aprovechar la crisis del régimen y la confrontación con Estados Unidos, como hizo Nikita Kruschov en 1960, con la diferencia de que Rusia no es la poderosa URSS.
El reforzamiento de los medios militares, el suministro de combustibles, el turismo y algunas inversiones con beneficio para los empresarios rusos completarían la pérdida de soberanía e independencia del desvalido caimán.
La reforma en Cuba estaría basada en cambios de mercado que conservarían el apoyo social a través de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), según anunció Boris Titov, vicepresidente para la protección de los derechos de los empresarios y de la comisión intergubernamental Rusia-Cuba.
El Centro de Transformación Económica recién creado aplicaría la propuesta del Instituto de la Economía de Crecimiento Stolypin de Rusia, coordinada por Titov con la parte cubana. El funcionario ruso también informó sobre la creación de una empresa mixta de alimentos, productos químicos y otros artículos para el hogar con la estatal CIMEX, y que se abrirán tiendas para la venta de productos alimenticios y de aseo.
El Gobierno cubano no ha ofrecido detalles sobre esos cambios trascendentales, que implicarían ceder espacio a la propiedad privada, aunque manteniendo la prevalencia de las empresas estatales. Según Titov, las MIPYMES en Cuba se encuentran en una etapa inicial de desarrollo. No obstante, se enfrentan a muchos problemas, como la dificultad para acceder a un crédito, los altos impuestos, los problemas con la tasa de rendimiento debido a los precios de algunos bienes, fijados mediante directivas, y el de otros, limitado por los bajos salarios en el sector público. “En muchos sentidos, las PYMES cubanas están en la sombra”, subrayó en declaraciones al medio oficial ruso Sputnik.
Aunque el Gobierno manifiesta que existe interés por fomentar las MIPYMES, el proceso de aprobación es lento y complicado según la legislación vigente y las regulaciones en municipios y provincias. En total, existen 6704 MIPYMES; de ellas, son privadas 6564, estatales 79, cooperativas no agropecuarias 64, y exportadoras 42.
La eliminación de la exención del 10% del pago del impuesto a los nuevos cuentapropistas a partir de enero pasado resulta desestimulante para quienes han utilizado sus ahorros en aras de poner en marcha el negocio en un mercado con grandes dificultades, entre ellas los altos costos de producción debido a los elevados precios de los pocos insumos vendidos por el Estado y, fundamentalmente, en el mercado informal.
La apertura a las MIPYMES comenzó con mucha reticencia en la década de 1990 como resultado del desplome de la economía durante el llamado Período Especial. En 1993 el trabajo por cuenta propia fue autorizado, con grandes limitaciones, para 117 oficios, y ampliado a 120 dos años después. Los profesionales universitarios no han podido ejercerlo, salvo muy escasas excepciones.
En julio de 2010, el Consejo de Ministros aprobó otra ampliación a nuevas licencias, la comercialización de algunas producciones y la contratación de fuerza de trabajo. El Gobierno inició, entonces, la desocupación de casi millón y medio de trabajadores en los organismos y empresas estatales, como parte del personal sobrante por la aplicación de la política de pleno empleo. Raúl Castro anunció que el TCP podría absorber una parte considerable de los empleados cesantes. Sin embargo, esta modalidad no fue impulsada en correspondencia.
Durante decenios, académicos cubanos y extranjeros aconsejaron la apertura económica a todos los cubanos, incluyendo los cubanoamericanos, y las MIPYMES. Desde comienzos de los años 90, el economista Oscar Espinosa Chepe realizó diversas propuestas para salir de la crisis económica, incluyendo el fomento libre de las MIPYMES. Por toda respuesta, fue acusado de contrarrevolucionario y, finalmente, condenado a 20 años de cárcel en 2003.
El profesor Omar Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana y partícipe del proceso gubernamental para elaborar la reforma económica durante la década de 2010, ha publicado un análisis sobre el Informe Solchaga, cuyas recomendaciones ―hechas en 1993― parecen recién redactadas. El catedrático pregunta si se necesita más diagnóstico, en alusión a la propuesta del Instituto de la Economía de Crecimiento Stolypin de Rusia.
La organización Cuba Study Group, presidida por Carlos Saladrigas, ha realizado propuestas desde entonces, como el otorgamiento de créditos a las MIPYMES, y brindado cursos para la capacitación de los emprendedores, conjuntamente con la Iglesia Católica cubana. Durante su visita a la Isla, el presidente Barack Obama se reunió con jóvenes emprendedores; pero las autoridades cubanas han sido reticentes a la independencia económica, bajo el pretexto de que fomentan el enriquecimiento.
Cabría preguntarse si los economistas cubanos incorporados a Comisiones de Estudios, a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC) y otros que han emitido recomendaciones sin que hasta el momento se haya implementado una verdadera reforma ―más allá de la fallida Tarea Ordenamiento― están satisfechos con la intromisión de colegas rusos, que los desplazarán como incapaces y culpables de la gran debacle económica imperante en Cuba, sin tenerse en cuenta que sus opiniones jamás han sido escuchadas.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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