LAS TUNAS, Cuba. — Patrocinado por una hermana materna —según comentarios públicos frecuentes en Puerto Padre—, funcionarios de la administración Biden concedieron parole humanitario el mayor Eduardo Velázquez Infante, un represor de la Seguridad del Estado que, en fecha posterior al 20 de marzo, entró a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami, donde tomaría otro vuelo rumbo a uno de los estados de la costa oeste del país norteño.
El oficial, de 55 años de edad, natural de Puerto Padre y conocido por los opositores de esta ciudad como el “mayor Eduardo”, había sido funcionario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el municipio Amancio Rodríguez (antiguo central Francisco), ingresando luego en el Ministerio del Interior (MININT) como oficial operativo de la unidad de enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Las Tunas allá por 1991.
Ayer, 4 de abril, se cumplieron 11 años de que este sitio publicara la segunda parte del artículo 75 horas y 15 minutos. Vivencias de un corresponsal amordazado, donde escribí: “A la salida del centro de telecomunicaciones de Puerto Padre, Las Tunas, me detuvieron a las 9 de la mañana del jueves 22 de marzo. Un mayor de la policía política ordenó a dos patrulleros que me condujeran ante el jefe de la contrainteligencia de la región norte de esta provincia. Antes que me arrebataran el móvil al menos pude decir a mi mujer: ´¡Preso!´”
El título de aquella crónica se refiere a las 75 horas y 15 minutos que pasé preso, en huelga de hambre y en un calabozo después de haber sido interceptado cuando me disponía a viajar a Santiago de Cuba para reportar la visita del papa Benedicto XVI. El mayor de la policía política que me detuvo y ordenó a los policías conducirme ante el jefe de la unidad de contrainteligencia era Eduardo Velázquez Infante.
Misterios y miserias de la vida. Procurando un parole humanitario del gobierno de los Estados Unidos y ocultándose de los cubanos que hoy residen en Miami, a quienes persiguió, el “mayor Eduardo”, abandonó Cuba el pasado 22 de marzo no como perseguido político, porque sirvió al régimen combatiendo a opositores hasta el último minuto, incluso hasta ya siendo oficial de la reserva desde sus redes sociales —las que, confirman, borró a última hora—, sino como utilitario (sí, aprovechado) de bondades concebidas para necesitados no sólo de pan, sino también de las libertades civiles que él mismo, como esbirro del totalitarismo, negó a sus compatriotas.
El mayor Eduardo Velázquez Infante sirvió como oficial operativo activo de la Seguridad del Estado y de Tropas Guardafronteras durante unos 27 años, período en el que también ejerció como oficial a cargo de la industria azucarera, cargo mediante el que supervisó el otrora Central Delicias, que fuera propiedad de una compañía estadounidense y luego de expropiado, rebautizado como “Antonio Guiteras”. Al pasar a retiro allá por 2018, cobrando una pensión del MININT hasta su salida de Cuba, el mayor Eduardo pasó a ser oficial de la reserva de esa institución, ocupando entonces un empleo civil, el de jefe de aseguramientos, en las mismas dependencias del central Guiteras que antes vigiló como oficial de la Seguridad del Estado.
Este es un caso de múltiples análisis, a saber: por laxitud del programa de parole humanitario; por fisuras graves en la seguridad de la frontera de Estados Unidos, que permite que oficiales de los servicios secretos de un Estado considerado patrocinador del terrorismo lleguen a su suelo y se adentren en su territorio; por falta de idoneidad de oficiales situados en la primera línea de combate contra el terrorismo o cualquier acto ilícito contra la nación americana; y, en suma, por utilidad pública internacional.
Con distintos rangos y procedencias y no siempre militares connotados, hay muchos “mayor Eduardo”, como el de esta historia, ingresando (entiéndase: invadiendo) los Estados Unidos. La administración estadounidense debe responder a los ciudadanos americanos, a sus representantes y senadores, a la comunidad de exiliados en la patria de Lincoln. ¿Por qué admite y abriga dentro de sus fronteras a violadores públicos y notorios de los derechos humanos, lo que constituye una burla para las víctimas de esas violaciones y un peligro potencial para esa nación? La administración Biden debe una respuesta. Esperémosla.
Nota: La información publicada por este medio sobre la salida del país de Eduardo Vázquez Infante fue contrastada y confirmada con varias fuentes cuyas identidades protegemos por razones seguridad
