MADRID, España.- En un intento por controlar el creciente descontento social ante la grave crisis económica que vive el país, las autoridades cubanas han intensificado su campaña de propaganda y amenazas contra quienes promuevan o participen en protestas masivas.
Este miércoles, en el programa televisivo Hacemos Cuba, transmitido por el Canal Caribe, altos funcionarios del Ministerio del Interior y del aparato de Justicia del Gobierno defendieron la imagen de la policía y advirtieron sobre las consecuencias legales de participar en manifestaciones consideradas “ilegales”.
El programa, que suele ser utilizado por el régimen para coartar el derecho a la libre expresión y manifestación, contó con la participación del portavoz Humberto López, el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Beatriz de la Peña, Jefa del Departamento de Investigación de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, y el magistrado Otto Molina Rodríguez, expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.
Las autoridades cubanas han recurrido al delito de sedición, entre otros cargos, para amenazar a quienes promuevan o participen en protestas masivas que pongan en peligro al régimen y sus instituciones de control. Este delito, que se castiga con penas de hasta 30 años de cárcel, privación perpetua o incluso pena de muerte en casos excepcionales, fue utilizado contra varios manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J).
“Si el crimen se comete en situaciones excepcionales, desastres o afecta a la seguridad del Estado”, puede ser sancionado hasta con pena de muerte, amenazó Otto Molina Rodríguez.
El coronel Hugo Morales Karell acusó a supuestos terroristas radicados en Estados Unidos de instar a atentar contra la autoridad y generar un clima de violencia para deslegitimar al Gobierno. Según el oficial, estos planes buscan provocar una respuesta desmedida por parte de la policía que pueda ser utilizada en redes sociales para “demostrar un Gobierno fallido y una falsa brutalidad policial”.
Morales también intentó contrarrestar las denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, calificándolas como parte de supuestos “planes de guerra no convencional” con el objetivo de generar un pretexto para acusar a Cuba.
Pese a las numerosas denuncias y las imágenes que circulan en redes sociales sobre la represión policial durante las protestas del 11J, el coronel Morales Karell afirmó que las fuerzas policiales cubanas están capacitadas para reducir a las personas sin necesidad de utilizar medios letales. Esta afirmación contradice la actuación del uniformado que mató al manifestante del 11J, Diubis Laurencio, en La Güinera, La Habana.
El programa Hacemos Cuba dejó un mensaje claro: la dictadura cubana no tolerará la protesta social y utilizará toda la fuerza del Estado para reprimir cualquier manifestación que considere una amenaza a su poder. Las amenazas con el delito de sedición, las acusaciones contra supuestos “terroristas” y la defensa a ultranza de la actuación policial son muestras de la estrategia del régimen para silenciar el descontento popular y mantener el control absoluto del país.
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