MADRID, España.- Presos políticos vinculados a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) en la localidad de la Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, han alzado su voz para denunciar las lamentables condiciones y los abusos que están padeciendo en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
Según informó Martí Noticias, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, de 52 años de edad y condenado a 15 años de prisión, alertó sobre la negación de la entrada de alimentos y medicamentos, lo cual está empeorando su estado de salud. “Estoy experimentando problemas de presión, dolores de cabeza y acidez estomacal debido a la falta de alimentación adecuada”, explicó Ferrer Gener, evidenciando la grave situación de negligencia médica que prevalece en el centro penitenciario.
Por su parte, José Luis Castillo de la Torre, de 60 años y con una condena de 11 años, ha señalado que, siendo diabético, hipertenso y asmático, no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus condiciones de salud. Además, denunció la presencia de chinches en su celda, lo que le ha ocasionado irritación e infecciones cutáneas.
Su hijo, José Luis Castillo Bolaños, con una condena de 10 años en el mismo centro penitenciario, ha expresado la ausencia de visitas familiares y el deterioro de su salud debido a la falta de atención médica adecuada, principalmente para el asma.
El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores, resaltó la crítica situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años, quien fue condenado a 11 años y 4 meses, y está sufriendo hambre, malos tratos y la violación de sus derechos en la prisión Combinado del Este. Marrero, acusado de sedición sin pertenecer a ninguna organización disidente, enfrenta condiciones inhumanas mientras cumple su sentencia.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, explicó el jurista.
En marzo pasado el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró un alarmante aumento de las denuncias por violaciones de derechos humanos en las cárceles del país. En comparación con el informe de febrero, la cantidad de eventos reportados se incrementó en un 70%, pasando de 112 a 190. Los problemas más acuciantes denunciados fueron la represión, la falta de medicamentos y atención médica, y la deficiente alimentación.
La mayoría de las violaciones fueron cometidas por el personal penitenciario (137), oficiales de la Seguridad del Estado (23) y el sistema judicial (9). Se identificaron a 34 personas como responsables, de las cuales 19 eran funcionarios de prisiones, ocho oficiales de la Seguridad del Estado, cinco jueces, un policía y un recluso común.
Una de las situaciones más graves denunciadas fue la falta de atención médica y medicamentos. De los 190 hechos registrados, 163 implicaron hostigamiento hacia los reclusos en este sentido. Se recibieron denuncias por negación de asistencia médica o falta de medicamentos en 29 centros penitenciarios de 13 provincias. Entre las enfermedades más preocupantes se encontraban la tuberculosis, la sarna y las plagas de insectos. Las muertes de cuatro reclusos durante marzo se asociaron directamente a la mala atención y negligencia médica.
Las 190 denuncias fueron registradas en 45 centros penitenciarios de todo el país, incluyendo La Habana (31), Camagüey (30) y Mayabeque (28) como las provincias más afectadas. Las prisiones con mayor número de denuncias fueron la Prisión de Quivicán (13), el Combinado del Este (12), Kilo 8 (12) y la Prisión de Melena del Sur (11).
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