LA HABANA, Cuba. – Manuel Santana Vega, preso político y activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), denunció a través de una carta enviada a Rubén Remigio Ferro, expresidente del Tribunal Supremo Popular, las violaciones de sus derechos legales y constitucionales durante el proceso penal al que ha sido sometido desde su arresto el 18 de enero de 2023.
El opositor, quien se encuentra actualmente en la Unidad No. 2 del Combinado del Este condenado a nueve años de privación de libertad por supuestos “delitos relacionados con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares”, hace alusión en la misiva a los errores que “se cometieron en todos los niveles del proceso penal”.
De acuerdo con Santana Vega, “no existen pruebas que demuestren su participación directa y activa en los hechos que falsamente se le imputan”, es decir, en la comercialización de cannabinoides sintéticos.
El opositor también hizo alusión a varias irregularidades relacionadas con su detención, como, por ejemplo, el registro realizado a su vivienda por oficiales del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), el cual tuvo lugar en su ausencia, contrario a lo que dictan los procedimientos policiales.
Además, señaló que durante el cacheo corporal que le realizaron en la Unidad de la PNR de Santiago de las Vegas, el oficial del DTI Jorge Herrera Cruz revisó de espaldas la riñonera ocupada y, al colocarse de frente, sacó un envoltorio que, “según él, era droga”.
“Claramente este oficial intentaba perjudicarme al plantar la supuesta droga para que esta oficiara en el proceso como que me había sido ocupada. Para un correcto y legal procedimiento se tiene, por ley, que proceder a la requisa de las pertenencias de cualquier imputado en una causa penal en presencia del mismo, así como de testigos que avalen el resultado”, indicó Santana Vega en la carta.
“La segunda violación es la manipulación del envoltorio que, según él, había ocupado dentro del ‘canguro’, sin que llevara guantes en sus manos para salvaguardar las huellas dactilares u odorológicas (…), ni se fotografíó antes de ser extraído”, agregó.
En otra ocasión, Santana Vega había denunciado la gestación de un ardid en su contra por parte de la Seguridad del Estado. Según el activista, se estaba “cocinando un plan macabro” en su contra para desacreditarlo ante la oposición y, de paso, llevarlo ante un tribunal controlado por la Policía política y sancionarlo.
Precisamente, sobre los dos testigos que declararon en su contra el opositor dijo que actuaron bajo presiones ejercidas por los instructores penales y que, a pesar de haber pedido careo con ellos, nunca se realizó.
“En la primera declaración los dos adujeron que le compraron la droga a un hombre de piel mestiza, y yo soy blanco. En la segunda aducen que me habían comprado a mí y en otras declaraciones dicen que no me conocen y se retractan de haber declarado lo contrario”.
Según Santana Vega, los dos testigos están dispuestos a declarar que fueron presionados, ya sea ante el fiscal o algún funcionario de la Fiscalía que se encargue de darle curso a su queja formal.
En el juicio realizado el 30 de noviembre de 2023 no se presentó el oficial del DTI Jorge Herrera Cruz, quien supuestamente le ocupó la droga a Santana Vega. Además, uno de los testigos reconoció que no conocía al opositor y que nunca había hecho tratos con él.
El activista solicita también en su carta que se realice una exhaustiva revisión de su caso que desemboque en la anulación inmediata tanto de la vista oral como de la condena impuesta, hasta que se realice un nuevo proceso de instrucción penal en el que se subsanen todas estas violaciones.
Su madre, Tamara Cardoso Vega, dijo a CubaNet que está “segura” de que el régimen está intentando incriminar a su hijo en delitos no políticos. “En otras ocasiones ha estado preso por motivos políticos y le han querido inventar delitos para sacarlo de las calles”, precisó.
Manolo Santana fue sancionado en 2021 a dos años y ocho meses de privación de libertad por los supuestos delitos de propagación de epidemias y desobediencia, luego de que se manifestara contra el régimen en las afueras de su casa exigiendo “libertad para su pueblo”, el “fin de la dictadura” y que se terminara el abuso contra los presos políticos.
Después de cumplir un año y dos días en el penitenciario de Valle Grande, completó su sanción trabajando en la funeraria de Santiago de las Vegas.
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