MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó este lunes 8 de julio la liberación de los cubanos condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien actualmente se encuentra en proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos. La solicitud del OCDH surge tras una entrevista en la que la jueza reveló haber sido presionada durante el juicio.
En declaraciones a Diario de Cuba, González Pedraza alegó que su sentencia se basó en el testimonio de uno de los acusados y que fue coaccionada para mantenerlos en prisión y apegarse a la resolución de la Fiscalía. “La prueba fundamental estaba basada en la confesión de uno de los cuatro”, dijo González Pedraza sobre el juicio contra Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez, imputados por presuntamente lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de jefes de la policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre de 2022.
González Pedraza también denunció la visita de dos oficiales de la Seguridad del Estado, identificados como Yoandry Cárdenas y Osmany Castellanos, quienes le hicieron preguntas amenazantes sobre el veredicto y le instaron a considerar las consecuencias de sus decisiones. Detalló cómo fue coaccionada para dictar sentencias basadas en testimonios forzados, explicando que uno de los acusados, Adain Barreiro Pérez, fue obligado a confesar y a implicar a los otros tres, y luego se retractó durante el juicio.
El OCDH, basándose en estas revelaciones, emitió un dictamen en el que argumenta que “existen nuevos motivos de absolución y revocación de la sentencia condenatoria”. Según el documento, el juicio fue “lesivamente intervenido por autoridades superiores del sistema judicial en la provincia de Villa Clara y la Seguridad del Estado en el municipio de Encrucijada”, lo que hizo que no procediera legalmente dictar un fallo penal condenatorio.
La comunicación del OCDH, dirigida a los abogados recurrentes de la sentencia No. 4/2024 del Tribunal Municipal de Encrucijada y a otros organismos, contiene un análisis y seis recomendaciones. El dictamen resalta que las declaraciones de la jueza a la prensa, aunque inesperadas, confirman violaciones y califican como trascendentes, denunciando la intervención judicial y policial en el proceso desde enero de 2024 hasta la redacción de la sentencia.
El OCDH también recordó que, según las declaraciones de la exjueza, los jueces legos del caso consideraban que ameritaba técnicamente la exoneración de culpas y la libertad de los acusados debido a la “inexistencia de delito y/o la falta evidente de pruebas”. Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez, jueces legos con criterio absolutorio, habrían hecho mayoría en la votación si no hubiese sido intervenida.
El dictamen concluye que hubo “vulneración de garantías y derechos fundamentales en perjuicio de los condenados, así como la inexistencia de delito o la falta grave judicial de condenarse sin el mínimo suficiente de pruebas”, por lo que el OCDH cree que existen elementos suficientes para adoptar medidas de libertad inmediata en favor de los recurrentes, como medida definitiva de justicia, y exigió la libertad inmediata de Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Pérez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza, condenados en la sentencia No. 8/2024, debido a la insuficiencia probatoria y las graves violaciones de derechos y garantías durante el proceso judicial, entre ellas el derecho a un juicio justo e imparcial.
Luego de que trascendieran las declaraciones de la jueza, el abogado Santiago Alpízar advirtió que podrían ser utilizadas en su contra. En entrevista concedida al periodista Mario J. Pentón para Martí Noticias, Alpízar explicó que la propia exfuncionaria confesó que cometió un delito de prevaricación, consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte una resolución injusta, a sabiendas de ello. “Ahora se está tratando de justificar con el hecho de que fue forzada a hacerlo”, refirió el letrado, pero acotó que tuvo la posibilidad de absolver a los jóvenes y no lo hizo.
El abogado recomendó, a su vez, a la defensa de los cuatro jóvenes que presenten el relato de González como prueba de que el acto de prevaricación que cometió necesita una urgente corrección por parte de las autoridades cubanas. “Es hora de que el juez oiga las actuaciones y de inmediato pongan en libertad a los jóvenes y suspendan la medida cautelar”, recalcó Alpízar. De acuerdo con su explicación, los cuatro jóvenes están presos desde hace más de 11 meses sin que contra ellos haya pruebas suficientes. Como la sentencia no es firme, porque fue apelada, están en prisión como medida cautelar.
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