MIAMI, Estados Unidos. ─ Represión y restricciones a la libertad de expresión, asociación, religión y movimiento fueron algunos de los señalamientos hechos por el gobierno de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba durante el pasado año.
El informe, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, analiza la muerte en extrañas circunstancias de Hansel Hernández Galiano, un joven de apenas 27 años que fue baleado por un agente de la policía.
Aunque más ciudadanos murieron a manos de efectivos policiales en la Isla durante 2020, el tratamiento de la prensa oficial en el caso de Hernández Galiano no pasó desapercibida para los observadores estadounidenses. En ese sentido, el informe relata cómo, en todo momento, las autoridades cubanas buscaron empañar la imagen del joven muerto sacando a la luz elementos en su contra a través de los medios de propaganda.
El documento recuerda además que hasta diciembre “no se habían hecho públicos los resultados de una investigación” sobre el caso.
El reporte señala que “al menos ocho presos murieron bajo custodia en diversas circunstancias sospechosas”, uno de ellos fue Roberto Jiménez del Sol, gerente de una zapatería propiedad del ejército, quien murió bajo custodia militar después de pasar un mes en régimen de aislamiento como parte de una investigación sobre fondos faltantes.
“Aunque las autoridades le dijeron a su familia que murió por causas naturales, su cuerpo mostraba signos de abuso. La organización no gubernamental (ONG) Cuba Archive documentó al menos otros seis presos que murieron en circunstancias sospechosas. Ninguna de estas muertes fue reportada por los medios oficiales”, añade el informe.
Las detenciones arbitrarias y las desapariciones también fueron analizadas por el Departamento de Estado de EE. UU. Al respecto, el documento señala: “Hubo informes confirmados de desapariciones prolongadas por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre. Hubo múltiples informes de activistas detenidos cuyo paradero se desconoció durante días o semanas porque el gobierno no registró estas detenciones, muchas de las cuales ocurrieron en sitios no registrados”.
El reporte también menciona “informes recurrentes de que miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes acosaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y manifestantes pacíficos, y que lo hicieron con impunidad”.
Señala el documento que varios detenidos y presos “sufrieron abusos físicos por parte de funcionarios penitenciarios u otros reclusos a instancias de los guardias”.
“Aunque la ley prohíbe la coacción durante los interrogatorios de investigación, la policía y las fuerzas de seguridad en ocasiones utilizaron tácticas agresivas y físicamente abusivas, amenazas y acoso durante los interrogatorios. Los detenidos informaron que los agentes los intimidaron con amenazas de detención prolongada, pérdida de los derechos de custodia de los niños, denegación del permiso para salir del país y otros castigos”.
El Departamento de Estado de EE. UU. hizo énfasis además en la situación de grupos como la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y en los sucesos vinculados a la huelga iniciada en San Isidro a raíz de la detención de Denis Solís, un rapero contestatario condenado a ocho meses de prisión por el supuesto delito de desacato en un proceso que violó todas las garantías procesales que debió tener el acusado.
Otro punto señalado en el reporte fue el de la ofensiva lanzada por el régimen contra periodistas independientes, artistas y activistas, que incluyó campañas de descrédito y difamación a través de los medios oficiales de la Isla.
El informe puntualiza además que “las leyes penales contra la difamación se utilizaron contra personas que criticaban el liderazgo del gobierno” y enfatizó en cómo este “se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios de Internet”, imponiendo “graves limitaciones a la libertad académica y cultural”.
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