SAN LUIS POTOSÍ, México.- La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) incluyó en su lista de represores a las tres juezas que condenaron, a principios de julio, a cinco participantes en la manifestación pacífica de mayo de 2023 en Caimanera, Guantánamo.
En un comunicado pubicado este martes, la organización señaló que las magistradas Isabel Couruneaux Pérez (jueza ponente), Nuliennis Herrera Alvaro (igual cargo), y Niurka Laliebre Bolívar, del Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez ,reconocieron, en la sentencia de la Causa No. 3 de 2024, que los acusados realizaban una manifestación pacífica, gritando “ante inconformidades con temas de electricidad y alimentación (…) frases como ‘Abajo el Gobierno de Caimanera corrupto’, ‘Díaz-Canel, singao’ o ‘Patria y Vida’”.
No obstante, y a sabiendas de que fue una protesta pacífica, apuntó el comunicado, condenaron a los jóvenes a penas de ocho años de cárcel, como en el caso de Daniel Álvarez González; a sanciones de siete años, como ocurrió con Luis Miguel Alarcón Martínez; de cinco años, en el caso de Freddy Sarquis González; de cuatro, con Rodolfo Álvarez González, y dos años de privación de libertad en el caso de Felipe Octavio Correa Martínez.
“Estas sanciones serían más adecuadas para los miembros de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior o Boinas Negras que reprimieron salvajemente aquella noche a los participantes en la protesta, incluyendo a algunos de los ahora condenados, que no hacían más que ejercer su derecho universal a la libre manifestación contra un gobierno egoísta y desconsiderado con su pueblo”, expuso la organización.
Asimismo, la FDHC abrió un expediente a al oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Guantánamo Leonardo Silega Leliebre, por haber reprimido la manifestación pacífica en Caimanera, y por haber testificado en el juicio contra tres de los encartados.
Acusados por “atentado”
Los jóvenes acusados estaban siendo procesados por los supuestos delitos de “desorden público”, “instigación a delinquir”, “resistencia” y “atentado”.
La sentencia expone que el 6 de mayo de 2023, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, “de manera escandalosa”, gritaron “frases ofensivas sobre el presidente de la República y autoridades del Gobierno local” y “provocaron una aglomeración de personas en la vía pública” que afectó el tránsito de vehículos y personas, “a la vez que alentaban a otros ciudadanos a sumarse a tal algarabía y desorden, logrando sus propósitos”.
Según recoge el documento, los hechos descritos atentaron “de manera grave contra el orden público en detrimento del respeto a la comunidad y a las autoridades del territorio y de la Policía Nacional Revolucionaria”.
Los miembros del Tribunal también alegaron que al menos dos de los acusados iniciaron la protesta presuntamente en estado de ebriedad ―algo que han negado los activistas y familiares― al grito de “abajo el comunismo”, “patria y vida” y “nos están matando de hambre”.
Un juicio lleno de mentiras
El juicio se desarrolló el pasado 17 de mayo, duró ocho horas y concluyó alrededor de las 6:00 de la tarde con la sala judicial y sus alrededores completamente militarizados.
Según Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los encausados, los testigos que declararon en contra de los acusados, entre ellos policías y funcionarios gubernamentales, mintieron.
La defensa se basó en que los acusados ejercían su derecho a la protesta. Solo uno de ellos, Daniel Álvarez González, tenía antecedentes penales: en 2020 fue sancionado a pagar una multa de 2.400 pesos por “desacato”. Ninguno había sido sentenciado a prisión con anterioridad.
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