LA HABANA, Cuba. – El Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, sentenció a penas de entre dos y ocho años de privación de libertad a cinco de los seis manifestantes detenidos durante las protestas pacíficas contra el Gobierno en Caimanera, Guantánamo, el 6 de mayo de 2023.
Según “Sentencia No. 4 de 2024” del Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez (sección Caimanera), a la que CubaNet tuvo acceso, Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez, quienes se encontraban bajo medida cautelar de prisión provisional, fueron sancionados a ocho y siete años de prisión, respectivamente; Freddy Sarquiz González, a cinco años; Rodolfo Álvarez González, a cuatro años; y Felipe Octavio Correa Martínez, a dos años. Solo resultó absuelto Yandri Pelier Matos.
Los acusados estaban siendo procesados por los supuestos delitos de “desorden público”, “instigación a delinquir”, “resistencia” y “atentado”.
La sentencia expone que el 6 de mayo de 2023, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, “de manera escandalosa”, gritaron “frases ofensivas sobre el presidente de la República y autoridades del Gobierno local” y “provocaron una aglomeración de personas en la vía pública” que afectó el tránsito de vehículos y personas, “a la vez que alentaban a otros ciudadanos a sumarse a tal algarabía y desorden, logrando sus propósitos”.
Se sumaron el resto de los acusados y, según la sentencia, algunos se resistieron al arresto.
Según recoge el documento, los hechos descritos atentaron “de manera grave contra el orden público en detrimento del respeto a la comunidad y a las autoridades del territorio y de la Policía Nacional Revolucionaria”.
Los miembros del Tribunal también alegaron que al menos dos de los acusados iniciaron la protesta presuntamente en estado de ebriedad ―algo que han negado los activistas y familiares― al grito de “abajo el comunismo”, “patria y vida” y “nos están matando de hambre”.
El juicio se desarrolló el pasado 17 de mayo, duró ocho horas y concluyó alrededor de las 6:00 de la tarde con la sala judicial y sus alrededores completamente militarizados.
Según Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los encausados, los testigos que declararon en contra de los acusados, entre ellos policías y funcionarios gubernamentales, mintieron.
La defensa se basó en que los acusados ejercían su derecho a la protesta. Solo uno de ellos, Daniel Álvarez González, tenía antecedentes penales: en 2020 fue sancionado a pagar una multa de 2.400 pesos por “desacato”. Ninguno había sido sentenciado a prisión con anterioridad.
El Tribunal aclaró que tuvo en cuenta que Felipe Octavio Correa Martínez, con discapacidad intelectual, “al momento del hecho tenía disminuida su capacidad para comprender el alcance de sus actos y dirigir su conducta”.
El día de las protestas en Caimanera el régimen cubano movilizó su aparato represivo y cortó el servicio de internet. Tras el restablecimiento de la conexión, aparecieron numerosos videos en las redes sociales que evidenciaban a militares reprimiendo violentamente a los manifestantes, lanzándolos al suelo y golpeándolos.
Desde entonces, varias organizaciones se han pronunciado en contra la violencia del régimen y la detención de los manifestantes, entre ellas Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
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