MIAMI, Estados Unidos.- El más reciente reporte sobre tráfico de personas en 2021 de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y “no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia COVID-19”.
De acuerdo al informe, el régimen de La Habana permaneció en el Nivel 3 durante el período analizado, durante el cual “hubo una política gubernamental o un patrón de gobierno para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero”.
Si bien explica que el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, y algunos informes indicaron que continuó capacitando a agentes del orden, fiscales y jueces sobre delitos de trata de personas, el documento señala que en 2020 el régimen aprovechó la pandemia para aumentar el número y el tamaño de las misiones médicas alrededor del mundo y “se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, ex participantes y gobiernos extranjeros de funcionarios cubanos”.
“El gobierno no informó a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro, confiscó sus documentos y salarios y amenazó a los profesionales médicos y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Dentro de Cuba, el gobierno no informó haber investigado, enjuiciado ni condenado delitos de trata de personas (…) El gobierno no criminalizó todas las formas de trabajo forzoso o tráfico sexual”, reza el reporte, dado a conocer este jueves en una conferencia de prensa por el Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken.
El gobierno estadounidense recomienda de manera prioritaria que el gobierno de Miguel Díaz-Canel garantice que “los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales”, o de lo contrario debe ponerles fin.
Asimismo, exige que “los participantes reciban salarios justos, totalmente pagados en cuentas bancarias que los trabajadores puedan controlar personalmente; retener el control de sus pasaportes, contratos y credenciales académicas; garantizar un entorno de trabajo a salvo de la violencia, el acoso y la vigilancia intrusiva; y tener libertad de movimiento para incluir dejar el programa o rechazar una asignación sin sanciones como ser amenazado, encarcelado, lastimado o prohibido de regresar a Cuba”.
El reporte del Departamento de Estado denunció además que “los funcionarios gubernamentales del Ministerio de Justicia continuaron siendo cómplices de los esquemas estatales de exportación de mano de obra al enjuiciar a las personas que abandonaron las misiones internacionales de Cuba debido a abusos dentro de los programas”.
Según el documento del gobierno, “las preocupaciones sobre la trata de personas en Cuba se dividen en dos categorías amplias: trata sexual y trabajo forzoso, y programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno”
Respecto al tráfico sexual y el turismo sexual, dice el informe, son delitos que incluyen a niños y ocurren dentro de Cuba. “Los traficantes explotan a los ciudadanos cubanos en el tráfico sexual y el trabajo forzoso en África, Asia, el Caribe, el Mediterráneo, América Latina y los Estados Unidos. Los traficantes explotan a ciudadanos extranjeros de África y Asia en el tráfico sexual y el trabajo forzoso en Cuba para pagar deudas de viaje. El gobierno identificó a los niños, las mujeres jóvenes, los ancianos y las personas discapacitadas como los más vulnerables a la trata” de personas.
El informe cita a expertos que han estimado que el gobierno cubano recaudaba entre 6 mil millones y 8 mil millones de dólares anuales de su exportación de servicios, es decir, el programa de misiones médicas extranjeras.
Y aunque el gobierno cubano ha declarado que estas llamadas “misiones” son voluntarias, “los observadores advierten que el gobierno no informa a los participantes de los términos de sus contratos ni les permite conservar una copia de sus contratos, lo que aumenta su riesgo de trabajo forzoso. Los trabajadores reciben solo una parte de su salario, que oscila entre el cinco y el 25 por ciento, y estos fondos se retienen en cuentas bancarias cubanas, a menudo en pesos cubanos en lugar de la moneda fuerte que se le paga al gobierno por sus servicios”.
Para septiembre de 2020, los medios oficiales del gobierno de la Isla informaron sobre misiones médicas en 39 países (22 en las Américas), además de los 28 000 trabajadores de la salud que ya están en 58 países. Sin embargo, reclama el reporte, “todos los acuerdos se realizaron bajo arreglos financieros poco claros”.
“Además de las misiones médicas, el gobierno cubano se benefició de otros programas de exportación de mano de obra igualmente coercitiva, incluidos profesores de danza y entrenadores deportivos en Venezuela, ingenieros en Sudáfrica, técnicos forestales en Angola y marineros mercantes en todo el mundo”, finaliza el informe.
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