MADRID, España.- El régimen cubano pidió cuatro años de trabajo correccional con internamiento para el activista Leandro Pupo Garcés por criticar al Ministerio del Interior (MININT) en una publicación de Facebook.
Luego de que el Tribunal Municipal de Banes, en Holguín, dejara concluso para sentencia el juicio esta semana, el abogado independiente Julio Ferrer explicó a Martí Noticias que el delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires, previsto en el actual Código Penal, Artículo 270, por el que se le acusa, “quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión, previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
De acuerdo al Código Penal vigente en Cuba, este delito es castigado con una sanción que va de dos a cinco años de cárcel, o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas.
El jurista cubano aconsejó a los activistas “instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto para no verse inmerso en este delito”.
De acuerdo al citado medio, en las conclusiones provisionales del juicio se declaró que “desde hace algún tiempo Leandro Pupo Garcés se venía dedicando a publicar contenido en contra del proceso revolucionario en sus redes sociales”.
El 11 de marzo de este año, Leandro publicó en sus redes una convocatoria del Ministerio del Interior de Cuba para sumar jóvenes a sus filas y cuestionó su fin. Ese mismo día se lo llevaron detenido. Lo liberaron 24 horas después.
Según la petición fiscal de su caso, la publicación decía textualmente: “Échenle un vistazo a las ofertas del Ministerio del Interior para los jóvenes. El pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros, para seguir reprimiendo y esclavizando a los cubanos. ¿Qué podemos hacer para salir de la crisis? ¿Darle libertad económica al pueblo para abrir sus negocios y comerciar sin las restricciones que les imponemos siempre? ¡Qué tontería! Mejor les ofrecemos estos cursos revolucionarios para reclutar a miles de jóvenes, para que crezca nuestro ejército y obligar al resto del pueblo a morir en silencio. ¿Alguien sabe algo sobre esta porquería?”.
El opositor, de 35 años y residente en Banes, recibió a principios de julio pasado la petición fiscal, donde se reconocía que las redes del activista son revisadas por oficiales del municipio de Banes que lo tienen “controlado” por su “actividad contrarrevolucionaria”.
A mediados del mismo mes, en sus redes sociales dijo sentirse vigilado y presionado, así como denunció “amenazas a todos los que de algún modo se acercan a él”.
