CDMX, México. – El cubano Leandro Pupo podría pasar cuatro años en la cárcel solo por una publicación de Facebook. No obstante, la Fiscalía del régimen cubano, en su “benevolencia”, ha pedido al juez que sustituya la condena de cárcel por 1.460 días de trabajo correccional con internamiento. Así Leandro, en vez de una prisión formal, pasaría 48 meses detenido en algún campamento donde tendrá que trabajar y obtendrá, con buena suerte, pases para visitar su casa.
Leandro Pupo tiene 35 años y vive en Banes, provincia de Holguín, al oriente de la Isla. En un municipio con poco más de 80.000 habitantes, no son muchos los opositores que abierta y públicamente se atreven a disentir. Leandro, junto a un puñado de cubanos, es el contenido de trabajo de la Seguridad del Estado en su localidad.
Que lo vigilan constantemente no es solo una afirmación de él. La misma policía política lo ha admitido en la petición fiscal que le fue entregada el viernes 7 de julio. En el texto se expone que las redes del activista son revisadas por oficiales del municipio de Banes que lo tienen “controlado” por su “actividad contrarrevolucionaria”.
Para Alain Espinosa, abogado de Cubalex, es notorio que de la propia descripción de la Fiscalía se desprende una posible violación al derecho a la intimidad. “El seguimiento que describen constituye una persecución con el claro objetivo de provocar un efecto inhibitorio en el ejercicio de sus derechos de expresión”, dice el letrado.
De hecho, la Seguridad del Estado no solo escudriña su espacio virtual. Su casa, en la calle H, entre Pizonero y Avenida de Cárdenas, también es vigilada por los oficiales a cargo de su caso; represores que no se limitan a llevar un conteo de quién entra o sale de la vivienda o a dónde se desplaza. Estos también buscan a quienes lo visitan, y los amenazan luego con perder sus empleos o les advierten que pueden convertirse en sujetos de interés para la Policía política. Leandro, como tantos opositores, se ha convertido en un “apestado” por sus posturas políticas; en su caso, incluso dentro de su familia.
“No logro trabajar porque buscan siempre cómo asfixiarme. Además, no puedo ni comprar comida: ¿quién se va atrever a venderle algo a una persona vigilada?”, se pregunta.
Aunque hoy la represión contra él se ha agudizado, hasta el punto de poder llevarlo a la cárcel, el asedio empezó varios años atrás. Entonces el Movimiento San Isidro (MSI), con sus principales líderes en libertad, ocupaba muchos titulares por enfrentarse a la dictadura y defender el arte independiente. Leandro no conoce a ninguno de estos artistas, nunca los ha visto; pero compartía en sus redes publicaciones al respecto y los alababa.
“La primera citación fue para interrogarme sobre el Movimiento San Isidro y para advertirme que si hacían algo en Banes, yo iba a cargar las culpas. Así comenzó la vigilancia hacia mí”, cuenta.
Las advertencias siguieron y los oficiales de Banes inventaron alianzas de Leandro con opositores que él solo conocía de nombre. En la segunda citación lo interrogaron sobre la periodista Camila Acosta y el porqué él compartía sus publicaciones.
“Mi tercer encuentro presencial con ellos fue el 11 de julio de 2021 cuando salí a manifestarme en uno de los parques de mi pueblo. Ahí solo grité algunas cosas y me rodearon de policías antes de llevarme detenido. Dentro de la estación, los agentes de la Seguridad me golpearon. Después me amenazaron con que podían matarme y no pasaría nada”.
¿Qué escribió Leandro en Facebook?
El 11 de marzo de este año, Leandro publicó en sus redes una convocatoria del Ministerio del Interior para sumar jóvenes a sus filas y cuestionó su fin. Ese mismo día se lo llevaron detenido. Lo liberaron 24 horas después.
Según la petición fiscal de su caso, la publicación decía textualmente: “Échenle un vistazo a las ofertas del Ministerio del Interior para los jóvenes. El pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros, para seguir reprimiendo y esclavizando a los cubanos. ¿Qué podemos hacer para salir de la crisis? ¿Darle libertad económica al pueblo para abrir sus negocios y comerciar sin las restricciones que les imponemos siempre? ¡Qué tontería! Mejor les ofrecemos estos cursos revolucionarios para reclutar a miles de jóvenes, para que crezca nuestro ejército y obligar al resto del pueblo a morir en silencio. ¿Alguien sabe algo sobre esta porquería?”.
Por esto, es decir, por una publicación en su perfil personal de Facebook, el régimen podría condenarlo a cuatro años de cárcel, alegando que afectó “la moral y prestigio” del MININT.
Leandro es, para la legislación cubana, culpable de violar el artículo 270 del Código Penal. “Quien públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República de Cuba, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria”, incurre en sanción de privación de libertad o varias cuotas de multas.
El delito del que se le acusa, comenta la abogada de Cubalex Giselle Morfi, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. “Es una barbaridad legal. Las personas tienen que sentir confianza para poder reprochar a estas instituciones protegidas por el Código Penal”, sostiene la experta, quien agrega que los oficiales del MININT están cumpliendo funciones públicas y deben tolerar la crítica.
“Lo que sucede en este caso es el resultado de un Código Penal y un delito específico que sale de un gobierno autoritario, que lo único que quiere es sostener el control y callar a las personas”, concluye Morfi.
El control de internet, una meta del régimen
Desde que el acceso a internet comenzó a masificarse en Cuba, el Estado se ha esforzado en extrapolar los mecanismos de vigilancia del mundo físico a la esfera online. No han faltado las legislaciones al respecto, las cuales criminalizan la libertad de expresión en redes. Para ello, el régimen se apoya en conceptos muy vagos como “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
El Decreto-Ley 370, por ejemplo, dispone multas de 3.000 pesos cubanos y el decomiso de los equipos y medios utilizados para conectarse a internet. Incluso, si vamos más atrás, ya en 2007 (cuando el internet era un fantasma en la Isla) el Ministerio de Comunicaciones había utilizado términos semejantes en la Resolución 179 para limitar qué podía decirse.
Aun así, y pese a los esfuerzos del Gobierno por evitarlo, el activismo virtual se ha convertido en los últimos años en una de las formas de protesta más común en Cuba.
El costo de la exposición no siempre ha sido el mismo. A Amelia Cazadilla, por ejemplo, la han desacreditado en los medios estatales de propaganda y la han amenazado y ofendido desde perfiles falsos; mientras que a decenas de activistas los han multado o les han quitado sus equipos para que no puedan conectarse. Pero la cárcel también está dispuesta en Cuba para quien use las redes para disentir. El caso de Leandro no es el primero. Dos años atrás, al influencer Yoandi Montiel, conocido como “El Gato de Cuba”, lo procesaron por burlarse del gobernante Miguel Díaz-Canel en sus directas de Facebook.
El juicio de Leandro aún no tiene fecha. Solo se sabe que irán como testigos y denunciantes los mismos oficiales encargados de monitorear sus redes y vigilarlo.
El joven tiene un hijo de 16 años que vive solo con él. Semanas atrás su principal temor era que comenzaran las captaciones para el Servicio Militar Activo. Ahora, a ese temor añade otro: que se lo lleven a él y su hijo se quede solo.
