MIAMI, Estados Unidos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) declararon en un comunicado de prensa este miércoles su preocupación por “la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba”.
Según el documento, esta escasez “viene impactando en la seguridad alimentaria y en las condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
“La situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y de inseguridad alimentaria” en el país, por “el desabastecimiento de alimentos básicos y esenciales”, “está afectando la adecuada nutrición de la población, sobre todo de las personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes”.
La CIDH y REDESCA, de la Organización de Estados Americanos (OEA), insistieron en “el deber del Estado cubano de realizar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de modo que sean garantizadas sus necesidades vitales y desarrollo integral, incluso ante situaciones de limitaciones de recursos como viene ocurriendo durante la pandemia de COVID-19”.
Asimismo, el documento hizo referencia a un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual reveló que el Gobierno de Cuba importa aproximadamente el 70% de los alimentos que necesita la población, lo que corresponde al 50% de la canasta mensual de alimentos subvencionada por el Gobierno y que se facilita a la población.
“En particular, la escasez de alimentos en Cuba y la consecuente dependencia de las importaciones se explicarían por problemas estructurales en el sistema productivo/agrícola local que, a su vez, serían el resultado de factores como: la falta de insumos y equipos agrícolas para las cadenas de valor agrícolas; la falta de servicios e incentivos adecuados; los eventos extremos y los riesgos relacionados con el clima; las carencias en materia de tecnología, conocimientos, innovación e inversiones; la baja productividad; y el uso limitado de créditos y seguros”, reza el informe del PMA.
La CIDH y su REDESCA “observan con preocupación la información del PMA de que la canasta de alimentos subvencionada por el Estado cubano cubre solo el 40% del aporte energético recomendado para la nutrición adecuada de las personas. Es decir, para cubrir el 60% restante, la población necesitaría comprar alimentos en mercados no subvencionados, los cuales se caracterizan por precios muy elevados, un suministro irregular y eventual desabastecimiento”.
En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba 2020, la CIDH llamó la atención el pasado año sobre la escasez intermitente en Cuba de productos alimentarios esenciales como el aceite, la harina de trigo, el arroz, la carne de cerdo, el pollo o los huevos.
Por su parte, “se suma a esta realidad una elevada inflación y una fuerte contracción de las fuentes de ingresos nacionales y de los hogares, especialmente provenientes del turismo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En particular, las importaciones de alimentos se han visto afectadas por la interrupción de las cadenas de suministro a nivel internacional y la incertidumbre ante las repercusiones de la pandemia en los mercados mundiales”.
La CIDH insistió en “su preocupación por la persistencia del embargo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos y recalca la importancia del fin del embargo para garantizar los derechos humanos que se ven afectados como consecuencia de este. En particular, se señala que las restricciones económicas impuestas a Cuba profundizan y empeoran las condiciones de acceso a alimentos en el país y destacan que el derecho a una alimentación adecuada está vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para la justicia social y para la erradicación de la pobreza”.
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