MADRID, España.- El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba, José Ramón Viñas Alonso, enfrenta un proceso penal bajo la acusación de cambiar divisa en el mercado informal; lo que constituye una maniobra política para desarticular a los líderes dentro de la organización.
La acusación se basa en el testimonio de un supuesto informante anónimo que habría dicho a las autoridades que Viñas cambió dólares en el mercado informal, sin que hasta ahora se haya presentado una sola prueba concreta. La medida evidencia la creciente intromisión de la Seguridad del Estado en los asuntos internos de la masonería, en un acto represivo. “Ya ni se cuidan las formas —afirma Camila Acosta en conversación con el masón Sergio Rafael Vidal en su espacio para CubaNet—: te acusan sin pruebas, te montan el teatro en un momentico, y vas preso porque les da la gana. ¿Tráfico de divisas por 100 dólares? Es simplemente increíble”.
La acusación formal apunta a una supuesta operación de cambio de divisas por el equivalente a 100 dólares, destinada a cubrir necesidades operativas del asilo masónico de Llansó, institución filantrópica que brinda atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Sergio Vidal explica que de cualquier manera esos fondos habrían sido utilizados de forma colegiada y con aprobación del Patronato, para mantener los servicios esenciales de la instalación, incluyendo alimentación, higiene y alojamiento digno para los ancianos residentes.
El asilo de Llansó es probablemente el único en Cuba que garantiza desayuno, merienda, almuerzo, comida, cama, y atención con dignidad a sus internos, como explicó Camila Acosta.
Este lunes, el escritor masón Ángel Santiesteban Prats había confirmado en sus redes sociales que tanto Viñas Alonso como el Gran Maestro de la GLC, Juan Alberto Kessel Linares, están siendo objeto de procesos penales. Ambos fueron citados por la Seguridad del Estado en estaciones policiales distintas: Kessel en la unidad de Picota y Viñas en la de Acosta y Diez de Octubre.
Diversos miembros de la masonería cubana consideran que estas acciones judiciales responden a un intento del Gobierno por neutralizar a los sectores críticos dentro de la orden, especialmente tras semanas de tensiones internas entre logias que rechazan lo que califican como injerencia del Ministerio de Justicia y la Seguridad del Estado en sus estructuras.
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