MIAMI, Estados Unidos — El Centro de Información Legal Cubalex documentó 53 eventos que, según su evaluación, reunieron los elementos de desaparición forzada en Cuba entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, y sostuvo que las autoridades emplearon esa práctica como mecanismo de represión, castigo e intimidación.
Muchas de las desapariciones terminaron el mismo día, cuando las víctimas aparecieron en unidades policiales o centros penitenciarios, mientras otras se prolongaron durante varias jornadas. “En todos los casos, el elemento común fue la negativa de las autoridades a informar sobre el paradero o la situación de la persona privada de libertad, colocándola fuera de la protección de la ley durante un período de tiempo”, indicó la ONG en un informe publicado este 10 de agosto.
La desaparición forzada no exige que el paradero de la víctima permanezca oculto durante semanas o meses. La “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” la define como una privación de libertad ejecutada por agentes estatales —o con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado— seguida de la negativa a reconocerla o del ocultamiento de la suerte o ubicación de la persona. El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el tema han precisado que no existe un requisito mínimo de duración.
La mayoría de los eventos registrados por Cubalex estuvo vinculada a detenciones arbitrarias destinadas a impedir el ejercicio de las libertades de expresión, reunión o manifestación pacífica. Otro grupo involucró a personas encarceladas, especialmente presos políticos cuyos familiares perdieron contacto con ellos después de protestas en prisión, denuncias sobre las condiciones de reclusión o traslados realizados sin información oficial.
El documento emplea el término “eventos”, pero no precisa si los 53 registros corresponden a igual número de víctimas diferentes. Tampoco publica la relación nominal completa ni un desglose por provincias, duración, edad o sexo.
Uno de los episodios más graves ocurrió en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, donde una protesta comenzó en la madrugada del 19 de febrero después del intento de suicidio de un recluso y de la negativa de las autoridades penitenciarias a brindar atención médica a otro que la había solicitado. Cubalex afirmó que el motín fue reprimido con “extrema violencia” y que numerosos presos fueron trasladados sin que sus familiares conocieran su destino o estado de salud.
Durante los días posteriores circularon versiones sobre posibles fallecidos, pero la organización aclaró que no pudo verificarlas de manera independiente. Hasta el cierre del reporte tampoco había logrado esclarecer si se produjeron otras muertes entre los reclusos trasladados en condiciones que calificó como constitutivas de desaparición forzada.
El informe incluyó además el caso de los ocupantes de una lancha con matrícula de Florida interceptada el 25 de febrero cerca de Cayo Falcones, Villa Clara. El Ministerio del Interior aseguró que las 10 personas a bordo estaban armadas, que dispararon contra una embarcación de Tropas Guardafronteras y que pretendían realizar una “infiltración con fines terroristas”. El enfrentamiento dejó cuatro muertos y seis heridos, aunque el saldo final fue de cinco fallecidos y cinco sobrevivientes.
Cubalex sostuvo que esa imputación no justificaba ocultar durante días el paradero, la situación jurídica o el estado de salud de quienes quedaron bajo custodia estatal.
Otros registros corresponden al deportista y activista Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman”, y a la exprisionera política del 11J Yunaykis Linares Rodríguez. Martín fue detenido violentamente el 24 de abril después de protestar desde su vivienda en Marianao y permaneció varias horas en paradero desconocido mientras la Policía negaba tenerlo bajo custodia. Linares fue arrestada el 2 de junio durante protestas en Santa Amalia, La Habana, y sus familiares denunciaron contradicciones y falta de información sobre su ubicación y situación legal.
Cubalex también reportó 10 desapariciones de corta duración tras las detenciones efectuadas entre el 22 y el 24 de junio en Maffo y otras zonas de Contramaestre, Santiago de Cuba. Según la organización, el Comité de la ONU abrió dos expedientes y pidió al Estado informar el lugar exacto de reclusión, los cargos y la situación jurídica de los detenidos, entre quienes figuraban al menos cuatro menores de edad.
Aunque ocurrió fuera del período analizado, el informe utilizó el caso de Luis Manuel Otero Alcántara para ilustrar los obstáculos de acceso al habeas corpus. Agentes de la Seguridad del Estado sacaron al artivista de la prisión de Guanajay el 7 de julio, dos días antes de que venciera oficialmente su condena, y lo mantuvieron retenido en un lugar no informado hasta su salida forzada hacia Estados Unidos.
Cubalex denunció que el Tribunal Provincial Popular de La Habana y el Tribunal Supremo Popular estaban cerrados cuando un activista intentó presentar el recurso, pese a tratarse de un día laborable. La solicitud pudo entregarse formalmente el 13 de julio.
La Ley del Proceso Penal de Cuba señala que “nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, mientras el artículo 367.1 del Código Penal sanciona con cuatro a 10 años de cárcel al funcionario, autoridad o agente que prive de libertad a una persona, no reconozca su detención o niegue información sobre su paradero con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley.
La posición formal del Gobierno cubano ante la ONU ha sido negar las desapariciones forzadas. “En Cuba no existen, ni han existido desde 1959, casos de desapariciones forzadas”, dice un informe de 2015 presentado por La Habana ante el comité correspondiente de Naciones Unidas.
Para Cubalex, la repetición de detenciones seguidas por la negativa a informar el paradero, unida a las dificultades para activar recursos judiciales, demuestra que las desapariciones forzadas de corta duración no constituyen incidentes aislados, sino una herramienta de control social y represión política que deja a las víctimas y sus familiares en una situación de indefensión.
