PUERTO PADRE, Cuba.- Insomne, en noches de rumia, ¿Nicolás Maduro recordará y querrá para sí las habilidades que hicieron de Fidel Castro un marrullero impune? Quizás. Pero en su alcoba de requisitoriado itinerante es la imagen de Manuel Antonio Noriega, esposado y con ficha de recluso, la que recurrentemente debe aparecerse a Maduro por estas madrugadas.
Imputado en Estados Unidos por crimen organizado y tráfico de drogas, la invasión a Panamá ordenada por el presidente George H. W. Bush para capturar al general Manuel Antonio Noriega y concluir con su régimen, ocurrió el 20 de diciembre de 1989.
En Cuba estaban recién sepultados los cadáveres de cuatro militares, dos de alta graduación y sus ayudantes, sacrificados mediante una orquestación judicial sin precedente, dirigida personalmente por Fidel Castro, transmitida por radio y televisión, cual operación de apaciguamiento, destinada a disuadir un bloqueo naval y aéreo total sobre el archipiélago cubano, que sería el preámbulo de una invasión masiva, por tierra, mar y aire, como fue planificada durante la Crisis de los Misiles por la administración Kennedy, y estaba en el recuerdo nacional la vista de los barcos de guerra al borde del mar territorial.
De un bloqueo real —y no como el de las lamentaciones castrocomunistas que al embargo llaman “bloqueo”— pasaría a una invasión de respuesta a las operaciones de narcotráfico que desde la Isla se hacían hacia Estados Unidos y con la participación directa de jefes militares de alta graduación; se abrían así las puertas para que con un despliegue militar combinado, muchísimo mayor que el desplegado meses después contra el general Noriega, los marines vendrían a por quien se decía era el jefe de aquellos actos hostiles, el general Raúl Castro, quien quedó salvo, aunque dijo haber llorado recordando los hijos de uno de los muertos.
Fusilados en horas del amanecer del jueves 13 de julio de 1989, no por el delito de tráfico de drogas según el relato del proceso penal, el cual no implicaba pena de muerte, como chivos expiatorios al patíbulo fueron llevados el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés, condenados a muerte por “actos hostiles contra un Estado extranjero”, según conceptúa en el artículo 110, incisos 1 y 2 del Código Penal, Ley No. 62/87, vigente en el momento de los hechos y que expresa: “El que, sin autorización del Gobierno, efectúe alistamientos u otros actos hostiles a un Estado extranjero, que den motivo al peligro de una guerra o a medidas de represalias contra Cuba, o expongan a los cubanos a vejaciones o represalias en sus personas o bienes o a la alteración de las relaciones amistosas de Cuba con otro Estado, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
El apartado 2 del propio artículo 110 establece: “Si, como consecuencia de los hechos previstos en el apartado anterior, resultan las medidas de represalias contra Cuba, o las vejaciones o represalias contra sus ciudadanos, o la alteración de las relaciones diplomáticas, o la guerra, la sanción es de privación de libertad de diez a veinte años o muerte”.
Hay que decir, y para evitar suspicacias, que el concepto jurídico de los actos hostiles contra Estados extranjeros no es un ardid leguleyo del castrocomunismo, sino un precepto de derecho universal que aparece tipificado en el Código de Defensa Social, promulgado en abril de 1936, sin la pena de muerte, claro está, que en Cuba constitucionalmente y hasta la llegada del castrismo en 1959, sólo era aplicable a militares convictos de alta traición.
Paradojas del destino, ¿no? Resulta que ahora la Causa No 1 de 1989 juzgada por el régimen castrocomunista contra sus propios militares, viene a constituir un precedente contra sus principales aliados, sujetos a asesoramiento castrense concienzudo, que son los militares venezolanos, los mismos acusados de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, del que Nicolás Maduro, a menos que haga como Fidel Castro y sacrifique a otros, no puede salvarse porque él mismo está imputado como un día en el panorama judicial estadounidense sonó el nombre del mismísimo Raúl Castro, que vio lágrimas en su espejo, dijo, pero lágrimas que no le impidieron fusilar.
Según las conclusiones del fiscal y la sentencia de los jueces, el tráfico de drogas desde Cuba hacia suelo estadounidense, al constituirse como casus belli (motivo de guerra), puso en riesgo la seguridad del Estado cubano frente a una invasión de Estados Unidos. La historia ahora se repite en Venezuela.
Parafraseando las conclusiones fiscales de la Causa No. 1 de 1989, pronunciadas por el general de brigada Juan Escalona, entonces habría que decirse que presuntamente son los militares venezolanos que integran el Cartel de los Soles liderados por Nicolás Maduro quienes han cometido “actos hostiles contra un Estado extranjero”.
Toca decir entonces un razonamiento cínico, pero es el único útil como contraveneno ante la desvergüenza: Si los venezolanos comunistas imitan tanto a Cuba y para evitar una intervención de Estados Unidos por justa causa… ¿Por qué la Asamblea Nacional de Venezuela no aprehende a Nicolás Maduro y a quienes integran el Cartel de los Soles?
Y como mismo hizo Fidel Castro con sus encumbrados guerreros internacionalistas en 1989, Venezuela hace ahora, por analogía criminal y precedente jurídico, lo mismo: los juzga y sanciona, no por narcotráfico, sino por “actos hostiles contra un Estado extranjero”, Estados Unidos.
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