MIAMI, Estados Unidos ― Un grupo de trabajo convocado por la Universidad de Harvard pidió a las autoridades cubanas que tomen la iniciativa de una transición política pacífica y decreten una amnistía general para los presos políticos como primer paso. “No hay solución a las múltiples crisis que Cuba enfrenta sin cambios políticos inmediatos que al menos restablezcan el Estado de derecho inscrito en la Constitución vigente, a pesar de sus limitaciones, y den pasos hacia un gobierno de transición que sea percibido como legítimo”, afirma el documento, un resumen de 21 páginas titulado Informe. Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba.
El texto fue divulgado el 10 de septiembre por el Programa de Estudios de Cuba del David Rockefeller Center for Latin American Studies y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de esa universidad, que durante seis meses reunieron a 14 académicos y activistas.
Entre los participantes, que firman a título individual, figuran Tania Bruguera, Alejandro de la Fuente y Jeffrey DeLaurentis, del Programa de Estudios de Cuba de Harvard; Rafael Rojas, Ana Covarrubias y Roberta Lajous, de El Colegio de México; Omar Everleny, Mayra Espina y Juan Carlos Albizu-Campos, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo; Michael Bustamante y Víctor Deupi, de la Universidad de Miami; Paloma Duong, del Instituto de Tecnología de Massachusetts; Julio Antonio Fernández Estrada, investigador independiente, y Manuel Cuesta Morúa, a quien el informe describe como “activista político socialdemócrata”. Los autores lo presentan como un “documento vivo, en construcción”, sujeto a revisiones mediante consultas posteriores.
La premisa más controvertida es que el actual Gobierno cubano participe en el proceso. “Las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa en este proceso y convertirse en facilitadoras”, plantea el informe, que admite de inmediato: “Esta no es una premisa compartida por todos los actores políticos de Cuba y de la diáspora”. Los autores insisten en que la salida “precisa del concurso de todos/as” y aclaran que hablan de “soluciones por vías pacíficas”.
El primer gesto que reclaman es la excarcelación. “Un primer paso, expedito y de enorme valor simbólico, es una amnistía general para los presos políticos”, señala el texto, que reclama la liberación incondicional de todos los encarcelados por conductas amparadas en los artículos 54 y 56 de la Constitución. “Esta no es una demanda imperial americana: este es un reclamo de la ciudadanía cubana”, subraya.
A esa amnistía deben seguir, según el informe, la derogación inmediata de los Decretos Leyes 349, 370 y 35 —que los autores consideran represivos y probablemente inconstitucionales— y la eliminación de sanciones extralegales como los llamados “regulados”. “Cualquier cubano que lo desee debe poder salir y regresar a su tierra”, exige el documento, que cita los casos de Omara Ruiz Urquiola y Anamely Ramos González, a quienes se negó el regreso al país.
El grupo pide a Washington una “respuesta inmediata, positiva y contundente” a esa amnistía, que debería empezar por levantar las sanciones a los suministros de combustible, y aportar recursos para estabilizar la economía. A mediano y largo plazo propone “una nueva asamblea constituyente” que siente las bases de un sistema democrático y plural, la construcción de “una economía social de mercado” con reconocimiento pleno de la propiedad privada, la reincorporación de Cuba al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y la CAF, y la eventual revocación de la Ley Helms-Burton, además de un procedimiento transparente para las reclamaciones de bienes confiscados.
El diagnóstico que sostiene esas propuestas es demoledor. Entre 2019 y 2024 el Producto Interno Bruto cayó 11%, con un retroceso de 58% en la producción agrícola, de 42% en el sector manufacturero y de 87% en la producción azucarera. Entre 2017 y 2024 se desplomaron todos los insumos básicos de la dieta: carne de cerdo (-97%), frijoles (-80%), arroz (-75%), hortalizas (-69%), leche (-56%) y viandas (-46%). La isla importa hoy más del 70% de los alimentos que consume, incluidos azúcar y café. Mientras tanto, entre 2014 y 2024 el turismo absorbió entre 25% y 50% de la inversión total del país, catorce veces más que el sector agropecuario en 2024 y once veces más que salud, asistencia social y educación juntas.
El informe atribuye responsabilidad directa a la cúpula actual: “Objetivamente, la administración del presidente Miguel Díaz-Canel (2018 al presente) no ha logrado dar los pasos necesarios para impedir la crisis ni un manejo mínimamente adecuado de los retos nacionales”. Recuerda que el 11 de julio de 2021 el gobernante respondió a protestas mayoritariamente pacíficas con una “orden de combate” que derivó en una ola represiva, y concluye que, al desmantelar la sociedad civil independiente, el poder eliminó a los interlocutores que necesitaría hoy. “El vaciamiento de la Isla no es solo demográfico”, escriben los autores, que cifran en más de tres millones el saldo migratorio acumulado entre 2013 y 2024, cerca de 30% de la población registrada en el censo de 2012.
Sobre los presos políticos, el documento cita a Prisoners Defenders y habla de más de 1.300 al cierre de junio de 2026. La organización actualizó esa cifra el 10 de septiembre: 1.339 al cierre de agosto, un récord que incluye 155 mujeres y 463 reclusos con patologías médicas graves.
El texto dedica un apartado a GAESA, el conglomerado militar-empresarial que, según los autores, “funciona como un estado dentro del Estado” y opera al margen de los controles de la Asamblea Nacional y la Contraloría. La orden del Departamento de Estado que lo sancionó bajo la Orden Ejecutiva 14404 lo describe como “el corazón del sistema cleptocrático comunista cubano” y menciona una cifra de 20.000 millones de dólares, “una cantidad 14 veces mayor que el presupuesto nacional para el 2026”, aunque advierte que no puede comprobarse con fuentes independientes.
La propuesta ya encontró objeciones dentro del activismo. El activista cubano Ariel Ruiz Urquiola escribió en su perfil de Facebook que negociar sin alterar antes la correlación de fuerzas equivale a sentar como iguales a quienes no lo son: “Una mesa puede ser redonda y, sin embargo, la relación de poder alrededor de ella ser profundamente vertical”. Rechazó además que la excarcelación funcione como moneda de cambio —“¡Los presos políticos no constituyen capital político del ‘Estado’ que los encarceló!”— y advirtió que “una transición no es sinónimo de democratización” y que “un régimen también puede transformarse para sobrevivir”. Cuba, escribió, “necesita diálogo, pero no la ficción de igualdad entre represor y reprimido; reconciliación, pero no amnesia; garantías, pero no impunidad (…)”.
Los autores del informe reconocen que construir ese consenso “no será fácil”, pero sostienen que, sin la voluntad compartida del Gobierno de la Isla, la administración estadounidense, la diáspora, la comunidad internacional, la oposición y la sociedad civil, “el estatus quo es insostenible”.
