LA HABANA.- Entre 10 mil y 30 mil pesos es el precio del contenido de una pipa de agua potable, depositado de modo clandestino en las cisternas y tanques vacíos de una vivienda. Incluso, según refieren sus pobladores, es posible que cueste mucho más en aquellos barrios periféricos del Cotorro, Habana del Este, Guanabacoa o La Lisa donde hace meses que el líquido no llega por las tuberías y donde, convencidos de que no habrá solución ni a corto ni largo plazos, los vecinos reúnen regularmente el dinero para semanalmente, o al menos todos los meses, contar con el servicio que las instituciones estatales no les brindan. Aclaro que es no tanto por la carencia de recursos (así se justifican, mientras se construyen conductoras que benefician al sector turístico o a empresas extranjeras que pagan bien) sino porque, al parecer, confían en que la población “resolverá creativamente” por su cuenta, en un contexto de abandono institucional, de indiferencia gubernamental que las personas han normalizado.
Con la electricidad comienza a suceder algo parecido, en precios y “clandestinidad” del servicio. En barrios de San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, Playa y Plaza, como hemos podido comprobar de modo directo con beneficiados y perjudicados, proliferan las denuncias de “venta de electricidad” por parte de trabajadores de la Empresa Eléctrica. Lo que consiste en llevar extensiones —usando los postes y el cableado ya instalados—, desde las llamadas “zonas priorizadas” o “circuitos no apagables” hasta aquellas viviendas o negocios situados en circuitos de apagón, y donde sus habitantes puedan desembolsar todos los meses entre 10 mil y 20 mil pesos a los funcionarios y trabajadores de la empresa estatal con quienes negociaron personalmente la instalación del servicio.
Algo similar sucede con las telecomunicaciones. Paquetes de voz y datos son vendidos a diario por debajo del precio oficial, y hasta fuera de los límites de tiempo marcados por las promociones.
Basta con llegar a un acuerdo con determinados trabajadores de ETECSA para no tener que esperar a las “ofertas especiales” ni a que nos recarguen del exterior, ni siquiera a que se cumpla el tiempo de espera entre una recarga de saldo y otra, o mucho menos aguardar a la madrugada para disfrutar de “datos ilimitados” cuando por 20 dólares, entregados literalmente por debajo de la mesa en las oficinas, nos permiten conectarnos “gratis” a internet 24/7, y así un listado extenso de otros servicios, incluida la venta de saldo (entre 800 y 900 pesos por 360 de saldo, que más tarde es revendido por terceros entre 1000 y 1500), de líneas telefónicas extras (entre 100 y 300 dólares, a partir del límite de tres establecido por ETECSA), de conexión a internet por Nauta Hogar (entre 50 y 200 dólares) y hasta televisión por cable (entre 20 y 200 dólares mensuales, en dependencia del tipo de servicio).
Todo sube, todo se paga
El sistema nacional de Salud Pública también cuenta, desde hace años, con su “tablilla de precios clandestina”, quizás las más extensa y normalizada de todas, desde mucho antes de la Pandemia de Covid-19 y de la crisis de los años 90.
Pagar con dinero o en especie a médicos, enfermeros y técnicos por la atención que debiera ser “gratuita”, hace años que es un secreto a voces. El “regalito” no se nos puede olvidar antes de ir a consulta o ingresar, porque probablemente estemos en riesgo de no ser debidamente atendidos o diagnosticados, que esperemos durante meses por una operación, o durante horas o en vano por un simple chequeo de presión arterial o una inyección de Dipirona.
Toda intervención quirúrgica en la Isla tiene su precio (si en dólares, mejor). También una sutura limpia, una transfusión, una quimio o radioterapia, una rehabilitación física y hasta un parto o una cesárea no traumáticos también tienen el suyo, todos oscilando entre los 50 y hasta 1000 dólares, en dependencia de la gravedad, de la urgencia y la solvencia, por lo que la “voluntad de servicio” se transforma en “negocio”, y este se reduce a pagar por la vida, o hasta por una muerte digna, aquí donde vivir y morir dignamente son verdaderos lujos.
Más allá de los hospitales, en las farmacias igual hay que pagar o, como decimos, “salvar con algo” (nunca con menos de 500 pesos) a la dependienta para que nos avise qué medicamento sacará a la venta al día siguiente, y hasta para que nos guarde un turno en la cola, cuyo precio es mayor que el aviso.
Igual se le paga por que nos lleve el medicamento a la casa o por revendernos unas dosis extra, por encima de lo que establece el tarjetón, incluso sin él, aunque igual nos puede vender uno, por la izquierda, en dos mil pesos, un precio menor, comparado con lo que cuesta una libreta “clandestina” en la Oficoda (unos cinco mil pesos), más por el asunto del gas licuado, que por el escaso alimento que dicen garantizar, pero del cual ya no hay garantía alguna.
Del precio del gas licuado (30 mil pesos la balita de 25 libras) se ha hablado en extenso por estos días, así como de los demás combustibles (entre cuatro mil y siete mil pesos el litro de gasolina, en dependencia de la región del país donde se viva). De los altos precios del saco de carbón (más de dos mil) y hasta de un simple pan con croqueta de pura harina, mosqueado y frito en aceite requemado, que no baja de los 200 pesos, menos que un refresco (entre 250 y 300 pesos), que hoy cuesta poco más que una lata de cerveza.
Pero, dejando a un lado esos “pequeños detalles” (que en la dura realidad del cubano de a pie no son ni pequeños ni detalles, sino el mismo centro de su existencia), los servicios que el régimen “socialista” debiera proveer a precios módicos o de modo gratuito a través se sus empresas e instituciones todos, absolutamente todos, cuentan con sus “cotizaciones paralelas” tanto en el mercado informal como en las extensas cadenas de corrupción que propician la burocracia, la mediocridad y el bloqueo interno, este último como manifestación y consecuencia de la doble moral de “dirigentes” y directivos, de disposiciones legales en cuyo trasfondo siempre está el control político, y los pésimos salarios que cobran trabajadores y funcionarios, lo que los obliga a lucrar con las necesidades de las personas. Es lo que ocurre cuando a la par de la “orden de combate” se da, además, clandestinamente, la voz de “sálvese el que pueda”. Evidentemente, siempre caer en picada cuesta más que un aterrizaje suave (una opción a la que han renunciado los comunistas cubanos con la bravuconearía, el egoísmo y la estupidez que los caracteriza). Si los precios anteriores fueran un indicativo de lo rápido y grave que será la caída, entonces estamos a unos segundos de impactar en el suelo y hacernos trizas.
