MADRID, España ― En una situación descrita como de grave crisis humanitaria, en la que el régimen comunista de Cuba parece agotado y sin capacidad de respuesta, ocurren contradicciones inexplicables. Por un lado, Miguel Díaz-Canel aparece defendiendo las “transformaciones” que necesita el modelo para su perfeccionamiento y, de otro, la burocracia castrista publica normas intervencionistas de carácter comunista que van justo en la dirección contraria (más aún cuando se trata del sector agropecuario cubano, que es, sin la menor duda, uno de los que peor funcionan).
Tómense en estos términos la sorprendente publicación en la Gaceta Oficial del Decreto 143/2025 De la comercialización de productos agropecuarios y forestales, acompañado de la Resolución 16/2026 que incorpora el Reglamento para la comercialización de la producción agropecuaria y forestal. Curiosamente, estas dos normas han pasado sin pena ni gloria por la prensa estatal comunista, pero si se aplicaran en su totalidad, estarían clavando más aún en dedo en la herida sangrienta, que no cierra, del sector agropecuario cubano.
¿Por qué decimos esto? Básicamente porque desde hace 67 años, tras las expropiaciones de las tierras por el Estado comunista, resultantes de la llamada Reforma Agraria, el régimen castrista no ha sabido entender que no es posible separar la comercialización de productos agropecuarios de las condiciones técnico-productivas de las distintas producciones. O, dicho de otro modo, para que los productos del campo lleguen al consumidor no solo hay que atender a las formas de comercialización, sino también a los procesos desde el origen, integrando la organización de la propiedad de los medios de producción en los intercambios de los productos.
Basta revisar algunas producciones agropecuarias de éxito en España para contemplar cómo la estructura de la propiedad en el histórico olivar y el aceite, a las muy solicitadas alcachofas, las fresas, el jamón ibérico de bellota o la gama de los vinos se producen y comercializan por medio de un patrón de estrecha relación entre las condiciones técnico-productivas y la distribución final al cliente. Las “denominaciones de origen” son la plasmación legal de estas interdependencias, que funcionan en la mayor parte de las producciones agropecuarias europeas.
Pero los comunistas cubanos, que siempre nadan a contracorriente, ahora se sacan de la chistera un nuevo decreto, el Decreto 143/2025 “De la comercialización de productos agropecuarios y forestales”, que se basa en la Ley 148 “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional”, de 14 de mayo de 2022, y el Decreto 35 “De la Comercialización de Productos Agropecuarios”, de 19 de abril de 2021, dos normas castristas que llevan más de un lustro en vigor, con los resultados de todos conocidos y que no han sido capaces de dar respuesta a las transformaciones económicas que tienen efectos en la comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios y forestales. Básicamente, porque no quieren tener en cuenta que esta actividad depende de la organización de la propiedad de los factores de producción.
Pueden publicar todas las letanías comunistas que quieran, que si siguen olvidando, exprofeso, el origen las condiciones de la producción agropecuaria, no se podrá mejorar la distribución final de productos y los cubanos seguirán pasando las penurias sufridas durante seis décadas a la hora de acceder a los productos de la dieta diaria de alimentación.
¿Es acaso torpeza, o mala intención de las autoridades, arrastrarse por estos terrenos estériles que no llevan a ningún sitio?
Pues hay de todo un poco. Por un lado, nos encontramos con lo mismo de siempre. El régimen comunista cubano está convencido de que publicando decretos, resoluciones y normas en la Gaceta Oficial puede cambiar el estado de la economía cubana y, no, lo único que consigue con estas prácticas es empeorar más aún lo poco que queda.
En cuanto a la mala intención, el fracaso de la agricultura y ganadería cubana no se sostiene por el empecinamiento comunista de mantener una distribución estatal de las tierras, en su día expropiadas. No deja de ser curioso que uno de los cultivos que mejor soportó la ola expropiatoria, el tabaco, sea de los que mejor han enfocado y desarrollado, permitiendo inclusive mantener ingresos de las exportaciones. Algún dirigente comunista debería tomar buena nota de ello.
Desde esta perspectiva, que nadie aspire a reforma o cambio alguno en el contenido del Decreto 143, que sigue siendo una norma comunista más, emanada de la planificación central y del absoluto control por el Estado de la economía, que se pierde en el camino a la hora de establecer las regulaciones para el “proceso de comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios y forestales, sus principios, los sujetos que participan en este, sus atribuciones y obligaciones, así como las infracciones y las medidas a imponer por su comisión”. Como si la distribución comercial necesitase de estas regulaciones, trabas y normativas.
En realidad, pretender regular con normas intervencionistas una actividad milenaria tiene poco sentido, pero así son los comunistas cubanos: siguen convencidos de que el cumplimiento de sus normas “científicas” es lo único que puede mejorar la vida y obra de las personas naturales y jurídicas, en este caso, las que tienen algún tipo de relación con los procesos de producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales. Se han equivocado durante las últimas seis décadas.
No vale la pena detenerse ni un instante en evaluar un decreto largo, aburrido, redundante, que no va a servir para nada, ya que muchas de las cuestiones planteadas fueron objeto de regulaciones en el pasado y aún se mantienen inalteradas, pese a ser un rotundo fracaso. Dígame, amable lector, ¿qué se puede esperar de un decreto que empieza de forma rimbombante por definir los “procesos de producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales”, para señalar que son las actividades de “cosecha, sacrificio, acopio, envasado, beneficio, conservación, procesamiento, transportación, distribución, almacenamiento y comercialización”.
Gran error, como hemos señalado antes. Esa segmentación de los procesos, que olvida torticeramente la propiedad de los medios de producción, es lo que explica por qué el resultado final no funciona, ni funcionará. A nadie en su sano juicio se le ocurre que la cosecha no tenga que ver con decisiones previas de gran relevancia que se adoptan por los participantes en el proceso productivo. Los comunistas cubanos regulan la comercialización a partir de la cosecha. Así les va.
Nota del editor: Este artículo apareció originalmente en el blog del autor, Cubaeconomía. CubaNet lo reproduce con su autorización.
