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LIMA, Perú – Luego de que la Fiscalía General de la República en Cuba revelara este sábado los cargos contra el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, la hija del imputado se pronunció en Facebook por primera vez sobre el proceso judicial en torno a su padre. En un comunicado que dividió en tres publicaciones, Laura María Gil González indica estarse amparando en el Artículo 54 y 48 de la Constitución de la República de Cuba, dónde “se refieren que el Estado reconoce el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y que las personas tienen legítimo derecho a defender su imagen y honor”. La joven reconoció “profunda consternación por los acontecimientos recientes” y resaltó que no se había pronunciado antes por proteger la imagen del país, evitar “un descontento popular o un conflicto internacional”, así como respetar el proceso de instrucción penal. Laura María señala que si bien el Gobierno en la Isla ha aplicado la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, todavía quedan “detalles sueltos que han fomentado la especulación popular” por lo que animó a las autoridades a “ser totalmente transparente y dar una información completa al pueblo”. El comunicado asegura que el cargo de espionaje ha sido la piedra angular del caso investigativo contra el exministro. Sobre el particular, pide que se hagan públicos los pormenores del tema. “¿Qué hizo, a que país o países nos referimos, desde cuándo, cuáles fueron sus vías de comunicación, qué recibió a cambio, dónde sostuvo sus encuentros, en qué escenarios, con quién, bajo la orden directa de quien lo hacía, qué información reveló, qué medidas propuso al país por orden expresa de otro estado, qué pruebas tienen, cuál era su seudónimo?”, escribió la joven. La nota destaca que esas interrogantes son puntos importantes que los cubanos deben conocer. Asimismo, pide que los supuestos Gobiernos involucrados en el espionaje de Alejandro Gil se pronuncien al respecto. “A mí entender, es una acusación muy seria, que trasciende la esfera política cubana y lo conlleva a un caso internacional”, advierte la hija del exministro. Uno de las principales demandas del comunicado es la realización de un juicio a puertas abiertas, público y televisado en vivo por medios de prensa oficiales e independientes, nacionales y extranjeros. Según Laura María Gil González, esa es una exigencia no solo de parte del pueblo, sino también de ella y, todavía mas relevante, el propio exministro enjuiciado. “Me sumo al llamado popular de llevar la transparencia de este caso a su máxima expresión, lo exige el pueblo, lo exige la familia y también lo exige Gil”, destaca. https://www.cubanet.org/tortura-blanca-apuntes-historico-forenses/ La joven subrayó que sus palabras no incitan a la violencia ni revelan secretos de Estado, al tiempo que alertó cualquier represalia tomada por parte del Gobierno contra su persona o alguno de sus seres queridos sería “totalmente ilegal y violatoria de sus derechos humanos". Por último, manifestó que Alejandro Gil se mantiene firme en su defensa y no reconocerá “bajo ninguna circunstancia” ningún delito que se le imputa y que no se le sea debidamente verificado. “Confió en que su alegato de defensa será correctamente comunicado y la verdad triunfará", resaltó. Los cargos contra Alejandro Gil La Fiscalía General de la República en Cuba actualizó de manera oficial sobre las sanciones y cargos en el caso del exministro de Economía, Alejandro Gil, quien fueran destituido de su cargo y encarcelado por el régimen castrista hace más de un año. En una nota informativa, divulgada por el diario estatal Granma, la Fiscalía asegura que controló la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior contra Gil y otros imputados. Durante las acciones, señala el comunicado, “se garantizó el debido proceso” y “en todos los casos se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos”. El régimen cubano anunció en marzo de 2024 el inicio de una investigación contra el exministro de Economía por “graves errores cometidos” durante su gestión. Concluidas las averiguaciones, la Fiscalía ahora pide responsabilidad a Gil por los delitos de “espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.

noviembre 2, 2025

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