LIMA, Perú — Cuba importó desde Estados Unidos un total de 1.674.000 barriles de combustibles variados durante el primer semestre de 2026, una cifra que evidencia la dependencia energética de la Isla respecto a su vecino del norte en medio del drástico recorte de suministros procedentes de sus tradicionales aliados en la región.
Las cifras oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), adscrita al Departamento de Energía, reflejan un crecimiento exponencial en las entregas a lo largo de los primeros seis meses del año.
Mientras que en enero los envíos apenas alcanzaron los 1.000 barriles, la cifra escaló a 19.000 en febrero, 190.000 en marzo, 210.000 en abril, 476.000 en mayo y culminó con un pico de 778.000 barriles en junio.
De acuerdo con los datos del organismo estatal, solo en junio se concentró el 46,5 % del volumen total despachado en el semestre, lo que representó para la Isla un desembolso de 47.842.674 dólares en compras de carburante dentro del mercado estadounidense.
Esta tendencia al alza se consolidó durante el mes de julio, periodo en el que la Oficina del Censo de EE.UU. registró adquisiciones cubanas de combustible por un valor de 61,1 millones de dólares. Con este incremento, el acumulado por este concepto durante los primeros siete meses de 2026 ascendió a 157,3 millones de dólares.
El flujo comercial desde puertos como Houston-Galveston y Miami también ha registrado una aceleración sin precedentes en insumos para la transición energética impulsada por el régimen cubano.
Las compras de celdas y paneles solares se dispararon en julio al alcanzar los 4,68 millones de dólares, superando ampliamente el global de 1,56 millones importado entre enero y junio. En conjunto, las importaciones de tecnología solar desde EE.UU. alcanzaron los 6,25 millones de dólares hasta julio.
La paulatina conversión de Estados Unidos en el principal proveedor energético de la Isla se intensificó después de que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio aclarara, el 24 de febrero, que la excepción de licencia denominada “Apoyo al pueblo cubano” puede amparar exportaciones y reexportaciones de gas y derivados del petróleo de origen estadounidense a entidades privadas elegibles y a consumidores individuales en Cuba.
La regla no establece límites específicos de cantidad o valor, pero exige que los productos se utilicen en actividades económicas privadas o se vendan directamente a particulares para uso personal o familiar.
La excepción no cubre operaciones que generen principalmente ingresos para el Estado cubano o contribuyan a su funcionamiento. Además, desde el 4 de marzo, el BIS suspendió su aplicación a cualquier transacción que implique depositar fondos extranjeros en un banco de propiedad cubana, al considerar que entraña un “riesgo inaceptable” de beneficiar principalmente al Gobierno o a sus servicios militares y de inteligencia. La restricción no alcanza a operaciones canalizadas mediante bancos de terceros países.
Una investigación de Reuters publicada en marzo identificó entre los beneficiarios iniciales a panaderías privadas, mayoristas que abastecen pequeños mercados urbanos y comercios en línea como Supermarket23, que pudo reanudar sus entregas después de importar combustible. En aquel momento habían llegado unos 200 contenedores cisterna —en su inmensa mayoría con diésel— y los cargamentos examinados estaban reservados al uso de las empresas importadoras, sin autorización para la reventa comercial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó la apertura como parte de una política dirigida a colocar “al sector privado y a los cubanos particulares —no afiliados al Gobierno ni a las Fuerzas Armadas— en una posición privilegiada”. También advirtió: “Si descubrimos que el sector privado allí está haciendo trampa y desviándolo al régimen o a la empresa militar, si descubrimos que están moviendo ese producto de formas que violan el espíritu y el alcance de estos permisos, esas licencias serán canceladas”.
La Habana también amplió el espacio legal para estas operaciones. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció en mayo la existencia de “múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera” y dispuso que los precios minoristas en divisas variaran según el costo real de cada importación. Un mes después, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, anunció la participación de capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista.
El circuito privado coexiste, sin embargo, con sanciones reforzadas contra el aparato petrolero estatal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó el 11 de junio a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en su “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas”, bajo la Orden ejecutiva 14404.
