LIMA, Perú — El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró que varios gobiernos de América Latina y el Caribe comenzaron a replantearse sus convenios con las brigadas médicas cubanas tras la entrada en vigor de una legislación estadounidense que penaliza a los países que mantengan acuerdos considerados por Washington como una forma de trabajo forzoso.
En un artículo de su autoría publicado este domingo en Fox News, el legislador afirmó que la medida ya está provocando cambios en la política de distintos Estados hacia uno de los negocios más lucrativos del régimen cubano.
«La ley sanciona a los países cómplices del tráfico de médicos cubanos a través de las misiones médicas del régimen de Castro en el extranjero», escribió Díaz-Balart, quien añadió que la Cámara de Representantes prevé debatir nuevamente la iniciativa durante la discusión del presupuesto federal para el año fiscal 2027.
Según el congresista, entre los países que ya han comenzado a modificar su relación con este programa figuran Guatemala, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Paraguay y Honduras, mientras que Bahamas optó por pagar directamente a los profesionales cubanos, en lugar de transferir los recursos al Gobierno de la Isla.
La legislación, incorporada a la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, establece que el Departamento de Estado deberá elaborar un listado de los países que continúen contratando brigadas médicas cubanas.
«Si un país permanece en la lista durante dos años consecutivos, pierde toda la ayuda exterior estadounidense. A los funcionarios extranjeros implicados se les puede prohibir la entrada a Estados Unidos, y sus finanzas y propiedades en el país también pueden ser congeladas», explicó el legislador.
Díaz-Balart sostuvo que las misiones médicas representan una de las principales fuentes de divisas para el régimen cubano, con ingresos estimados entre 4.000 y 8.000 millones de dólares anuales.
“Pero los propios doctores ven poco de ese dinero”, resaltó. Según argumentó, las autoridades castristas retienen entre el 75% y el 95% de los salarios que pagan los países receptores por los servicios de los profesionales.
El congresista recordó además que el Departamento de Estado ha documentado durante los últimos años denuncias sobre la confiscación de pasaportes, restricciones a la libertad de movimiento, vigilancia permanente y presiones sobre familiares de médicos que participan en estas misiones.
Washington considera desde 2020 que esas condiciones pueden constituir formas de «trata de personas» o «trabajo forzoso», hechos que han servido de base para endurecer su política hacia el programa de misiones médicas del régimen cubano.
Para Díaz-Balart, la legislación persigue un doble objetivo: “Brinda un firme respaldo al pueblo cubano al proteger a los médicos de la explotación y los abusos, mientras corta una fuente esencial de financiamiento del régimen», destaca.
