AREQUIPA, Perú – A pesar de las constantes violaciones contra la libertad religiosa en la Isla, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos envió una carta a Washington solicitando que el régimen cubano fuera retirado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
La misiva, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), fue enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, y suscrita por el presidente del Comité de Justicia y Paz de dicha Conferencia, el obispo Elias Zaidan.
El pontífice celebró que La Habana no fue incluida el 15 de mayo de este año en la lista de Estados que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, que elabora el Departamento de Estado.
Asimismo, Zaidan recordó que en 2021 cuando el entonces presidente Donald Trump designó nuevamente a La Habana como Estado patrocinador del terrorismo, su predecesor, el obispo David Malloy, expresó “su profundo desacuerdo” y acentuó la posición de la Conferencia a favor de “una fuerte cooperación bilateral para el bien de los pueblos estadounidense y cubano”.
El obispo también señaló el interés de Malloy y la Conferencia a favor del levantamiento del embargo, una moción en consonancia con los intereses y el discurso de la dictadura castrista.
El régimen cubano estuvo por décadas en la citada lista, específicamente desde 1982, hasta que Barack Obama lo excluyó durante su administración. No obstante, en Cuba, el acoso a sacerdotes y fieles, así como la coartación de la libertad religiosa, se han intensificado en los últimos años.
Según el informe anual de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EE.UU. (USCIRF, por sus siglas en inglés), publicado el pasado mayo, durante 2023 la situación de la libertad religiosa en Cuba permaneció bajo severas restricciones, en un escenario donde las violaciones fueron “sistemáticas, continuas y flagrantes”.
El documento recomienda mantener a Cuba en el apartado de países de “especial preocupación” debido a las violaciones de la libertad religiosa denunciadas. Asimismo, describe las acciones represivas del Estado cubano y subraya la necesidad urgente de una atención internacional y medidas concretas como sanciones dirigidas a entidades y funcionarios responsables.
De acuerdo con el informe, la legislación cubana, incluyendo la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social funciona como una herramienta para limitar severamente cualquier expresión religiosa que critique al Gobierno.
“La legislación amplía la ya extensa autoridad del Gobierno para perseguir a individuos que expresan libremente sus convicciones religiosas”, explica el informe.
Además, menciona que el actual Código Penal cubano penaliza actos de “desprecio,” “desorden público” y “resistencia”, que pueden ser aplicados arbitrariamente contra líderes y fieles religiosos.
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