La Habana, Cuba.- El preso político Yosvany Rossel García Caso se encuentra en huelga de hambre desde el jueves 11 de mayo en protesta por la negación de visitas familiares y la amenaza de ser trasladado de provincia, denunció su esposa Mailín Rodríguez Sánchez.
“Necesito ayuda. A mi esposo lo quieren trasladar de provincia. Soy madre de tres hijos, tengo una situación muy difícil económicamente. Bastante trabajo estoy pasando ya para ir a verlo y es aquí mismo, en Holguín. Si a mi esposo lo trasladan de provincia, me planto en huelga de hambre junto a mis hijos donde sea. Estoy cansada, no me importa nada ya. Me van a tener que matar”, dijo desesperada.
Según Rodríguez Sánchez, el mismo jueves le fue negada la visita familiar en la prisión provincial de Holguín, conocida como “Cubasí”, y la Seguridad del Estado le informó del posible traslado de su esposo a otro centro penitenciario lejano debido a la denuncia que este hiciera sobre una golpiza a un joven dentro del penal.
El traslado de provincia de los presos políticos, lejos de sus familias, es usual en la Isla y, ante la crisis económica, dificulta las visitas de los familiares. Constituye otra de las formas de tortura hacia los presos políticos.
García Caso fue detenido cuatro días después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la Isla, las mayores registradas en la Isla. Acusado de “sedición”, fue condenado a 20 años de privación de libertad en un juicio que, según comentó su esposa a CubaNet, estuvo marcado por las mentiras para intentar culpar a los acusados. Luego de la apelación, la sentencia fue de 15 años.
El joven de 34 años de edad es padre de tres niños, es herrero de profesión y constituía el sustento de su hogar.
En marzo de 2022 emitió un mensaje desde prisión en el que desmentía el discurso del régimen cubano sobre la naturaleza de las protestas del 11J y también afirmaba no arrepentirse de nada: “¿Cómo voy a arrepentirme de querer ver a mi país libre de una dictadura comunista que nos tiene sumergidos por más de 60 años en extrema miseria y violando todos nuestros derechos humanos?”, se preguntó.
El preso político también aseguró que el 11J “no solo marcó un antes y un después del inicio del fin del comunismo en Cuba” sino que “mostró el rostro de la dictadura”. Asimismo, sugirió que se sentía satisfecho de haber tenido “la oportunidad de hacer algo consistente” por Cuba.
A inicios de 2022, el joven holguinero mantuvo una huelga de hambre durante nueve días para denunciar las injusticias de su caso. En ese momento, pesaba sobre él una petición fiscal de 30 años de privación de libertad. También en el mes de junio de ese mismo año protagonizó una huelga de hambre en protesta por la violación de sus derechos.
El 11 de julio de 2022, fue golpeado y trasladado a celda de castigo por vestirse de blanco en conmemoración al primer aniversario de las protestas del 11J.
Su esposa ha denunciado en varias ocasiones las violaciones de sus derechos en el penal, incluidas golpizas, negación de asistencia médica y letrada, aislamiento en celdas de castigo y amenazas de muerte.
“Es demasiada la injusticia. Están acabando con una familia entera. Mi esposo es inocente, está preso por decir la verdad de lo que está pasando en este país. (…) El pueblo de Cuba quiere libertad. No quiero ver sufrir más a mis hijos, ni pasar las carencias que estoy pasando. Basta ya”, dijo Mailín Rodríguez.
Prisoners Defender registra actualmente 1 048 presos políticos en Cuba, la mayoría de ellos tras las protestas del 11J, de ellos, 204 han sido condenados por “sedición” y al menos 202 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
