LA HABANA, Cuba. – “Me dijeron que él quiere la libertad o la muerte, pero que eso era imposible y que, si no sale de su postura, lo van a dejar morir”, declaró a CubaNet Mailín Rodríguez Sánchez, esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso, quien este miércoles cumple una semana en huelga de hambre.
El joven de 34 años de edad se encuentra en la prisión provincial de Holguín, conocida como Cubasí, y se declaró en huelga de hambre el pasado 11 de mayo. Su decisión responde a la negación de visitas y la amenaza de ser trasladado de provincia, lejos de su familia. No obstante, su esposa asegura que actualmente el móvil de la huelga es su liberación.
Mailín Rodríguez Sánchez asistió este miércoles al penal Cubasí, a donde las autoridades la citaron para que firmara un documento en el que autorizaba a medicarlo de ser necesario. “Lo firmé porque lo prefiero vivo, pero él está decidido a morirse”, aseguró.
Los oficiales no le permitieron ver a su esposo, al cual mantienen aislado del resto de los reos.
García Caso fue detenido cuatro días después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores registradas en la Isla. Acusado de “sedición”, fue condenado a 15 años de privación de libertad.
La pasada semana, su esposa denunció que le habían negado la visita familiar y que la Seguridad del Estado le había informado del posible traslado de García Caso a otro centro penitenciario lejano, debido a la denuncia que este hiciera sobre la golpiza propinada a un joven dentro del penal.
“Necesito ayuda. A mi esposo lo quieren trasladar de provincia. Soy madre de tres hijos, tengo una situación muy difícil económicamente. Bastante trabajo estoy pasando ya para ir a verlo y es aquí mismo, en Holguín. Si a mi esposo lo trasladan de provincia, me planto en huelga de hambre junto a mis hijos donde sea. Estoy cansada, no me importa nada ya. Me van a tener que matar”, dijo desesperada.
Prisoners Defenders registra actualmente 1.048 presos políticos en Cuba, la mayoría vinculados a las protestas del 11J. De ellos, 204 han sido condenados por “sedición” y al menos 202 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
