LIMA, Perú — La Fiscalía del régimen cubano solicitó condenas de hasta 13 años de prisión contra tres mujeres vinculadas a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) por participar en una protesta pacífica contra los apagones ocurrida en noviembre de 2024 en el poblado de Palmarito de Cauto, en la provincia de Santiago de Cuba.
De acuerdo con información divulgada por Martí Noticias, las acusadas son Mileidis Maceo Quiñones, Edilkis León Giraudis y Oneida Quiñones.
La Fiscalía solicita 13 años de privación de libertad para Mileidis Maceo, ocho años para Edilkis León y cinco años para Oneida Quiñones, bajo las acusaciones de desórdenes públicos y daños.
La protesta ocurrió el 15 de noviembre de 2024, cuando decenas de residentes salieron a las calles golpeando calderos para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico tras prolongados apagones en la zona.
Según el reporte, la manifestación fue reprimida por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida, quienes recurrieron a insultos y agresiones verbales contra los participantes.
En medio de los incidentes, algunos manifestantes lanzaron piedras y una de ellas impactó una patrulla policial.
Elba León Giraudis, hermana de una de las acusadas, confirmó a Martí Noticias que la petición fiscal fue presentada hace aproximadamente un mes y medio, aunque todavía no se ha fijado la fecha del juicio oral.
Mileidis Maceo y Edilkis León permanecen encarceladas desde el 4 de diciembre de 2024 en la prisión de mujeres de Santiago de Cuba, luego de haber pasado 19 días detenidas en los calabozos de la unidad policial del municipio de Mella.
Por su parte, Oneida Quiñones, quien presenta una discapacidad física, cumple prisión domiciliaria.
Las autoridades judiciales rechazaron en dos ocasiones consecutivas las solicitudes de cambio de medida cautelar presentadas por los abogados defensores, quienes pedían que las mujeres aguardaran el juicio en sus hogares.
Un cuarto implicado en el caso, Rafael Borrero Torres, fue liberado de todos los cargos, presuntamente por ser menor de edad al momento de los hechos.
Organizaciones opositoras y activistas han denunciado reiteradamente que el régimen cubano utiliza figuras penales como “desórdenes públicos” para castigar manifestaciones pacíficas relacionadas con la crisis económica, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.
El caso de las tres integrantes de UNPACU se suma a otros procesos judiciales iniciados contra ciudadanos que participaron en protestas sociales registradas en distintas provincias cubanas durante los últimos años. Uno de los más recientes y de mayor repercusión ha sido el encarcelamiento del adolescente Jonathan Muir, quien fuera arrestado en marzo pasado tras participar en las protestas de Morón, Ciego de Ávila.
