LIMA, Perú — Las autoridades de Sancti Spíritus desplegaron una operación de inspección sobre negocios privados con el argumento de contener los precios, reforzar la recaudación fiscal y ampliar el uso obligatorio de medios de pago electrónicos, en una nueva intervención del régimen cubano sobre el sector privado ante el avance de la inflación y la escasez.
La operación, denominada “Visita integral a actores económicos”, involucra a funcionarios del Partido Comunista de Cuba, gobiernos municipales y provincial, Fiscalía, Contraloría, Finanzas y Precios, sistema bancario y autoridades laborales, entre otras instituciones, informó este sábado el periódico oficial Escambray.
Según la versión oficial, los funcionarios buscan revisar cómo se establecen los precios, detectar “distorsiones” y determinar si existen márgenes considerados especulativos o incumplimientos de las normas vigentes.
El operativo está dirigido especialmente a establecimientos que venden alimentos básicos y productos de aseo, dos de los sectores más afectados por la escasez y el encarecimiento de las mercancías en la Isla.
“Entre los objetivos específicos del ejercicio se encuentran lograr que los establecimientos disminuyan precios considerados excesivos, realicen los depósitos bancarios que correspondan y acepte los pagos en línea”, señaló Escambray, al justificar la intervención como una respuesta a las quejas de la población.
Las autoridades describieron las inspecciones como “un intercambio directo con los actores económicos” y sostuvieron que el propósito es conocer de primera mano las dificultades de los negocios y promover ajustes en su funcionamiento.
Sin embargo, detrás del lenguaje oficial de diálogo y control subyace una nueva ofensiva regulatoria contra los pequeños negocios privados, que operan en un contexto de inflación, depreciación del peso cubano y dificultades para acceder a mercancías y financiamiento.
Las autoridades también cuestionaron el cierre preventivo de establecimientos por parte de sus propietarios ante las inspecciones. Según el Gobierno provincial, ese accionar “afecta de manera directa” a los consumidores al reducir la disponibilidad de servicios y productos básicos.
Por ello, instaron a los propietarios a mantener abiertos sus negocios y aprovechar las visitas para “aclarar dudas, transparentar la gestión y ajustar los procesos a las normas establecidas”.
La campaña de Sancti Spíritus no constituye un hecho aislado. En las últimas semanas, gobiernos provinciales de Matanzas, Villa Clara y Guantánamo han recurrido a medidas similares para intentar frenar el aumento de precios de productos como aceite, huevos, leche en polvo, pollo y arroz.
El endurecimiento de estos controles se produce después de que el Gobierno cubano eliminara en junio los topes nacionales aplicados a determinados productos. En aquel momento, las propias autoridades admitieron que las regulaciones anteriores no habían logrado detener la inflación.
El nuevo giro deja al régimen atrapado entre el intento de permitir una mayor libertad en la formación de precios y la presión social provocada por el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de capacidad de compra del peso cubano.
Mientras la oferta continúa siendo insuficiente y el acceso a productos esenciales se dificulta, las autoridades castristas han optado nuevamente por intervenir en determinados mercados, en lugar de abordar las causas estructurales que mantienen la escasez y alimentan el aumento de los precios.
