MIAMI, Estados Unidos ― Las personas presas por motivos políticos fueron las víctimas más frecuentes de la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante octubre, un mes en que el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 141 violaciones, más del doble que en octubre de 2025, según el informe mensual que publicó este viernes.
Las 141 violaciones se reparten en 115 hechos. La cifra iguala la de septiembre, que el observatorio elevó de 134 a 141 después de documentar siete hechos de ese mes que conoció tarde, y supera en 120,3% las 64 de octubre de 2025. La libertad de expresión reúne el 84,4% de las violaciones y la libertad de prensa, el 15,6%.
Los presos políticos aparecen como víctimas en 45 hechos, el 39,5% de los casos con víctima identificada, frente a 31 en septiembre. Si se suman los nueve hechos contra expresos políticos, casi la mitad de lo registrado en el mes, el 47,4%, recae sobre personas que están o estuvieron en prisión por motivos políticos. Para el ICLEP, el mes muestra cómo “la vía penal convierte a ciudadanos comunes que protestaron en presos políticos”.
La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila pidió hasta 13 años de cárcel para los participantes en la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón, acusados de sedición, según informó el 19 de octubre Martí Noticias. El ICLEP registra 18 acusados. Para 10 de los 11 adultos, la Fiscalía solicita 12 años de privación de libertad, y 13 para Hosuán Naranjo Chacón. Los otros siete acusados eran menores de edad cuando ocurrió la protesta; para ellos, las peticiones van de cinco años de limitación de libertad a ocho de cárcel, de acuerdo con el registro del caso que hizo el ICLEP.
Dayarmé Muñoz, madre del acusado Brian Pérez Muñoz, de 28 años, dijo a Martí Noticias que la petición contra su hijo es injusta y que lleva siete meses detenido. Marielkis Álvarez, madre de Christian de Jesús Crespo Álvarez, afirmó que la prueba principal contra el joven es un video en el que no se le ve el rostro y que lo identifican por su estatura y un tatuaje.
El observatorio registró la acusación como un hecho por cada procesado. Por eso Ciego de Ávila pasó de un hecho en septiembre a 18 en octubre. Aun sin esos casos, los presos políticos seguirían a la cabeza, con 27 hechos.
El indicador que el ICLEP llama “uso abusivo del poder estatal” encabezó otra vez el registro, con 61 violaciones, el 43,3% del total. Fiscalías, tribunales y administración penitenciaria originaron 52 de ellas. Las fiscalías intervinieron en 27 hechos y los tribunales en cinco, cuando en septiembre los tribunales sumaban 18 de los 22 hechos judiciales. La Seguridad del Estado siguió como la institución con más intervenciones, presente en 49 hechos, seguida de la Policía Nacional Revolucionaria (30) y el Sistema Penitenciario (24).
Cinco de las ocho agresiones físicas del mes ocurrieron bajo custodia. Según el informe, varias medidas contra presos llegaron al día siguiente de que denunciaran las condiciones del penal, lo que lleva al observatorio a concluir que “denunciar desde la prisión es un detonante de castigo inmediato”.
Uno de esos casos es el del periodista Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba y preso en la cárcel Kilo 7, en Camagüey. El 15 de octubre, tras una requisa, unos oficiales dijeron haber encontrado un cuchillo entre sus pertenencias, un objeto que él denuncia como colocado. El jefe de la unidad lo envió a celda de castigo por un mínimo de 15 días y ordenó abrirle un proceso por tenencia de arma blanca. El 20 de octubre, su abogada no pudo tomarle declaración. Seis días antes de la requisa, dos agentes de la Seguridad del Estado habían interrogado en la prisión a su pareja, la periodista Alejandra García.
La libertad de prensa sumó 19 hechos y 22 violaciones, la mitad que en septiembre. En 16 de esos 19 hechos, la presión adoptó la forma de amenazas, citaciones o interrogatorios. El colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa acumuló cinco. El 20 de octubre, en la unidad policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, le exigieron romper todo vínculo con CubaNet y le mencionaron una posible condena de dos a 10 años por “propaganda contra el orden constitucional”.
El informe identifica siete hechos en los que la salida del país o la entrada a él se usó como medio de presión. La Seguridad del Estado reiteró al periodista José Antonio López Piña, en Santiago de Cuba, el ultimátum de abandonar el país o ser procesado. Los presos políticos del 11J Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García denunciaron que su excarcelación está condicionada a que abandonen Cuba. Al cantante Baby Lores, que vive en Miami, le prohibieron la entrada cuando viajaba a ver a su madre hospitalizada. Para el ICLEP, la salida forzada “funciona, en la práctica, como un destierro sin sentencia”.
La represión también alcanzó a familiares. El 10 de octubre, el tatuador Oscar Echevarría Rubio gritó “Abajo la dictadura” y “Patria y Vida” desde la azotea de su casa en Sancti Spíritus. La Fiscalía le impuso prisión provisional a él y a su esposa, Cleidys García, sin que las autoridades hayan informado de qué se acusa a ella. El 22 de octubre, la hija de Echevarría Rubio, Aitana Echevarría Rivero, de 18 años, quedó en prisión domiciliaria.
La Habana concentró 38 hechos, el 33% del total, frente a 63 en septiembre. Le siguieron Ciego de Ávila (18), Camagüey (13), Artemisa (12) y Villa Clara (10). Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Guantánamo y la Isla de la Juventud no registraron ninguno, algo que el observatorio atribuye a las dificultades para conocer y verificar lo que ocurre allí, no a la ausencia de represión.
Entre enero y octubre de 2026, el OCLE contabiliza 1.676 violaciones, frente a 1.004 en el mismo período de 2025, un aumento del 66,9%. Los 10 meses de este año superan a sus equivalentes del anterior, con julio como máximo, con 285. El ICLEP explica parte del crecimiento por la ampliación de sus fuentes desde que el observatorio comenzó a funcionar, en febrero de 2026, y el resto por el agravamiento de la crisis en el país.
Al cierre de octubre, Cuba tenía 1.353 presos políticos, la cifra más alta en su registro, según el informe que publicó el 12 de noviembre la ONG Prisoners Defenders, que sumó 39 nuevos casos durante el mes.
Para noviembre, el ICLEP proyecta entre 125 y 145 violaciones y señala como factores de riesgo las fechas del 15 y el 27 de noviembre, aniversarios de la Marcha Cívica por el Cambio convocada en 2021 y de la concentración frente al Ministerio de Cultura en 2020. El 12 de noviembre, el periodista de CubaNet Vladimir Turró Páez denunció ante el OCLE que tres oficiales de la Seguridad del Estado lo sacaron de la casa de su madre, en La Lisa, lo llevaron esposado a un lugar apartado y le apuntaron con una pistola para que renunciara a CubaNet.










