MIAMI, Estados Unidos ― La Comisión de EE.UU. sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) incorporó a su audiencia sobre el impacto de las violaciones a la libertad de religión o creencia en los niños un testimonio escrito del periodista cubano exiliado Yoe Suárez, centrado en casos de menores y adolescentes en Cuba afectados por detenciones, hostigamiento escolar, amenazas contra sus familias y presiones estatales relacionadas con la fe o con la actividad pública de sus padres.
El caso más urgente recogido por Suárez es el de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila, quien permanece detenido tras las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, en marzo.
“El pastor evangélico Elier Muir vive ahora mismo esta pesadilla. Su hijo menor, Jonathan Muir, de 16 años, permanece detenido, acusado de participar en las intensas protestas de esta ‘Primavera de Fuego’ en la ciudad de Morón el 14 de marzo”, escribió el periodista en su declaración ante la USCIRF.
Suárez señaló que la familia pasó horas sin información sobre el paradero del adolescente y expresó preocupación por su estado de salud. En el testimonio añadió que Jonathan enfrenta un proceso penal y ha sido amenazado con cargos que serían impulsados “con todo el peso de la ley”. La propia lista de víctimas de libertad religiosa de USCIRF identifica a Jonathan David Muir Burgos como detenido por su asociación religiosa, indica que las autoridades habían presionado previamente a su padre por liderar la iglesia protestante no registrada Tiempo de Cosecha y afirma que el adolescente continúa preso como forma de “coerción por poder”.
Suárez enmarcó el caso de Jonathan dentro de un patrón más amplio de castigo contra hijos de religiosos, disidentes o ciudadanos críticos del régimen. “Soy padre de dos niños, ambos menores de siete años, y no puedo soportar imaginar el horror de que sean castigados por su fe —o, más adelante en la vida, por actuar como ciudadanos responsables guiados por ella”, escribió el periodista al inicio de su declaración.
Entre los casos citados aparece también el de Emma, hija de tres años de Ernesto Ricardo Medina, miembro de la plataforma El4tico, detenido en Holguín junto a Kamil Zayas Pérez y acusado de “propaganda contra el orden constitucional” e “incitación a delinquir”. De acuerdo con el testimonio, la niña presenció cómo su padre fue esposado en la madrugada y sacado de su vivienda, mientras las autoridades ocupaban equipos y registraban la casa.
La esposa de Ricardo Medina describió el impacto familiar de la detención en una cita recogida por Suárez: “Lo más duro ha sido enfrentar, junto a Emma, el vacío en la casa: saber que nuestra familia no está completa y no saber qué decirle a la niña cuando pregunta por su papá. ¿Qué se supone que le diga? ¿Que está en prisión por expresarse libremente?”.
El testimonio incluye además la detención del pastor Rolando Pérez Lora, crítico del régimen, en Matanzas, después de leer versos del Nuevo Testamento durante una transmisión en YouTube. Según Suárez, agentes policiales lo arrestaron cuando salía hacia la iglesia para oficiar un servicio religioso, frente a sus dos hijos menores, y varias horas después la familia conoció su paradero.
Otro episodio incluido en el documento es el de la periodista evangélica independiente Yunia Figueredo, cuyas hijas menores, según el testimonio, presenciaron la entrada de policías en su vivienda en La Habana, el derribo de su teléfono y su traslado a una patrulla. Horas antes, Figueredo había iniciado un cacerolazo junto a vecinos para protestar por la crisis energética, los apagones prolongados, la escasez de alimentos, la represión política y la falta de servicios básicos.
Suárez también documentó episodios ocurridos en escuelas cubanas. En 2019, funcionarios del Ministerio de Educación en Nuevitas prohibieron al estudiante judío Leosdán Martínez, de 12 años, usar la kipá dentro del centro escolar, tras un año de acoso por parte de otros alumnos, algunos hijos de funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC). En 2020, Yordanys Díaz, entonces presidente de la Iglesia Cristiana Reformada de Cuba, denunció que su hijo de ocho años había sido agredido por una maestra que le arrancó una pulsera con el nombre de Jesús y le prohibió usar “joyería religiosa”.
El caso de Ruth, hija de cinco años del pastor Raciel Vega Matos, de la Iglesia Bautista de Cerro y Primelles, en La Habana, aparece como otro ejemplo de presión escolar por motivos religiosos. De acuerdo con el testimonio, maestros y directivos la presionaron en octubre de 2023 por llevar su Biblia a la escuela, cantar canciones cristianas durante el recreo y negarse a participar en Halloween, actos de exaltación de la Revolución o consignas a favor de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Como castigo, según Suárez, separaron su pupitre del resto del aula y prohibieron a otros niños hablar con ella.
La niña desarrolló angustia psicológica y fobia escolar, por lo que sus padres la retiraron del sistema público en marzo de 2024 para educarla en casa. El testimonio indica que, como consecuencia, fueron amenazados con perder la custodia bajo disposiciones del Código de las Familias y luego salieron del país.
El documento conecta ese caso con el de Ramón Rigal y Ayda Expósito, matrimonio pastoral de Guantánamo perseguido por educar a sus hijos en casa. La USCIRF había informado en 2020 que Rigal fue detenido junto a Expósito el 16 de abril de 2019 por practicar educación en el hogar debido a preocupaciones sobre la promoción del socialismo y el ateísmo en las escuelas cubanas; ambos fueron sentenciados después por delitos que incluyeron “otros actos contra el normal desarrollo de un menor”.
El comisionado James Carr, citado por la USCIRF en 2020, afirmó entonces: “El Gobierno cubano debe cesar inmediatamente el hostigamiento contra esta pareja y permitir que todos los padres cubanos, incluidos los Rigal, críen a sus hijos conforme a su propia fe”.
El testimonio de Suárez también menciona el uso del Código de las Familias como instrumento de presión contra familias religiosas o disidentes. En abril de 2023, según el documento, Katherin Acosta, de siete años, hija de la católica Marisol Peña Cobas, fue llevada en un vehículo policial e interrogada por agentes de la Oficina de Protección de Menores de Camagüey como represalia por la postura anticastrista de su madre.
De acuerdo con la declaración, el Estado acusó a Peña Cobas de incumplir el deber de inculcar en su hija respeto y amor por los Castro y por Miguel Díaz-Canel.
Suárez afirmó que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) obligó después a Peña Cobas a salir de Cuba junto a su esposo y su hija, bajo amenaza de retirarle la “responsabilidad parental”. También citó el caso del pastor Arcadis Solano Silvera, de la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago de Cuba, cuyo hijo de 15 años habría sido amenazado en 2022 con el servicio militar obligatorio por un oficial de la policía política, con referencia al artículo 6 del Código de las Familias. La familia terminó exiliada.
De acuerdo con el más reciente informe anual de la USCIRF, en 2025 las condiciones de libertad religiosa en Cuba siguieron siendo “pobres” y el Gobierno mantuvo un marco legal amplio para oprimir la libertad de religión o creencia, con hostigamiento y amenazas constantes contra líderes y comunidades religiosas.
lA USCIRF recomendó al Gobierno de EE.UU. redesignar a Cuba como “país de especial preocupación” por cometer violaciones “sistemáticas, continuas y atroces” de la libertad religiosa, así como ampliar sanciones selectivas contra funcionarios cubanos implicados en violaciones graves de derechos humanos o de libertad religiosa. El Departamento de Estado había redesignado por última vez a Cuba bajo esa categoría el 29 de diciembre de 2023.
En sus recomendaciones finales ante LA USCIRF, Suárez pidió a Washington mantener la visibilidad de estos casos, exigir a LA UNICEF y a otros mecanismos internacionales que monitoreen en el terreno la situación de menores y adolescentes perseguidos o detenidos, y colaborar con organizaciones del exilio para identificar a responsables de políticas represivas contra la libertad de conciencia, expresión y religión de menores y familias cubanas. “El cambio en Cuba es urgente, para que la nación y sus niños puedan sonreír otra vez”, concluyó.
