MIAMI, Estados Unidos ― El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró en abril un total de 1.133 protestas, denuncias y expresiones críticas en la Isla, en un mes marcado por el redoblamiento de la represión, la militarización de espacios civiles, una campaña oficial de firmas de lealtad y un fuerte incremento de la inseguridad ciudadana, de acuerdo con el informe mensual de la organización, vinculada a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Del total documentado, 305 fueron clasificados como “desafíos al Estado policial”, es decir, acciones consideradas lo suficientemente audaces como para provocar represalias. Esa categoría encabezó las ocho clasificaciones del registro del OCC y estuvo acompañada por 176 “actos represivos”, en un contexto que el propio informe describe como de “virtual toque de queda” y de controles militares en calles, parques y barrios.
Uno de los ejes del descontento fue la campaña #MiFirmaPorLaPatria, impulsada por el régimen para recoger rúbricas de apoyo político en medio de las tensiones con EE.UU. y del deterioro de la situación interna. Según el OCC, cubanos denunciaron presiones en centros de trabajo, escuelas, CDR y dependencias estatales para firmar un documento de lealtad, bajo amenaza de represalias laborales, académicas o administrativas.
En uno de los videos mencionados por el OCC, un cubano no identificado se negó a firmar ante la presidenta de un Comité de Defensa de la Revolución que le solicitaba su apoyo. “Yo no voy a firmar por un solo motivo. Porque el Gobierno cubano en estos momentos no se preocupa por este pueblo tan hermoso”, dijo. Señalando un basurero, añadió: “Así es como nos tienen a nosotros, en esta puercada, por eso es que hay tantas enfermedades. Y así quieren que los habitantes de este país defiendan esta revolución. Ya no es revolución, porque todos ellos son unos ladrones”.
El reporte también recoge un audio difundido en redes en el que una funcionaria presionaba a trabajadores civiles de CIMEX, empresa integrada al conglomerado militar GAESA, para sumarse a la campaña. “Somos trabajadores civiles de las FAR y hay que firmar lo que venga, y el que no esté de acuerdo con esto que pida la baja”, se escucha en la grabación.
La protesta individual más visible del mes fue la protagonizada por Javier Ernesto Martín Gutiérrez, campeón cubano de artes marciales mixtas conocido como “Spiderman”, quien durante ocho días denunció a gritos desde el balcón de su vivienda, en Marianao, la crisis humanitaria y los abusos del régimen. El 24 de abril fue detenido violentamente y trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.
La inseguridad ciudadana ocupó el segundo lugar entre las categorías del registro del OCC, con 185 entradas en abril, más del doble de las 85 reportadas en marzo. El informe contabilizó 41 muertes asociadas a violencia criminal, social, de género e intrafamiliar, frente a 27 el mes anterior. Entre los casos incluidos figuran el asesinato de una familia de tres personas en Santa Clara, el feminicidio de una madre y su hija de 12 años en Batabanó, la muerte de un adolescente de 15 años reportado como desaparecido en Bayamo y el asesinato de un hombre mayor durante un apagón en Isla de la Juventud.
El OCC también documentó 50 delitos de latrocinio, entre ellos 24 robos o hurtos y 22 asaltos, con patrones que combinan violencia, impunidad y desprotección ciudadana. En varias provincias se reportaron robos en viviendas habitadas, ataques con armas blancas y de fuego, asaltos para sustraer motos, bicicletas, caballos o triciclos eléctricos, y estafas digitales vinculadas a operaciones bancarias y aplicaciones móviles.
Los apagones y la falta de agua continuaron como detonantes de protestas presenciales. En la primera mitad de abril, el OCC registró 12 manifestaciones en distintos barrios de La Habana y otras provincias, principalmente cacerolazos y bloqueos de calles. En Santos Suárez, tras más de 24 horas sin electricidad, vecinos gritaron durante más de dos horas: “¡Queremos comida, queremos luz, queremos agua!”. También se reportaron protestas en La Güinera, Centro Habana, Guanabacoa, Marianao, Habana del Este, Los Sitios, Guantánamo y Morón.
La categoría de Servicios Públicos acumuló 153 denuncias y protestas. El informe vincula una reducción temporal de los apagones, sobre todo en La Habana, con la llegada de un barco ruso con 700.000 barriles de crudo, aunque subraya que el alivio fue parcial y no resolvió la crisis estructural del Sistema Electroenergético Nacional. Durante el mes, los déficits de generación alcanzaron con frecuencia entre 1.800 y 1.900 megavatios, mientras varias unidades termoeléctricas permanecían averiadas o en mantenimiento.
El deterioro de los servicios se extendió al agua, el transporte, la recogida de basura, los servicios bancarios y funerarios. El informe incluye denuncias sobre ancianos que dormían en portales bancarios para intentar cobrar pensiones, calles cubiertas de desechos en La Habana y el abandono del Cementerio de Colón, donde la periodista de CubaNet Camila Acosta documentó la presencia de restos humanos expuestos cerca del crematorio.
La crisis alimentaria ocupó otro lugar central, con 130 entradas en la categoría “alimentación, inflación y agricultura”. El OCC señaló la dependencia creciente de donaciones internacionales, la reducción y el deterioro de la canasta básica subsidiada, los altos precios en mipymes privadas y los precios prohibitivos en tiendas en dólares asociadas a GAESA. El informe cita datos del Food Monitor Program, publicado el 15 de abril, según los cuales el 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos por la inflación y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar en la Isla.
Las denuncias recogidas en abril incluyeron imágenes de hombres comiendo de la basura, niños pidiendo alimentos de puerta en puerta y ancianos que aseguraban pasar hasta tres días sin comer. En una de las escenas citadas por el informe, dos niños tocaron a la puerta de una mujer para pedir comida: “¿Usted no tiene un pan viejo, usted no tiene plátano? Cualquier cosa que me dé, que nosotros no hemos comido nada”.
El apartado de “salud pública” sumó 61 protestas y denuncias. El OCC describió un sistema en “caída libre”, afectado por la escasez crónica de medicamentos, el deterioro de hospitales y policlínicos, la falta de insumos, equipos, higiene y personal médico, así como por negligencias con consecuencias mortales. Entre los casos mencionados figuran la muerte de una bebé de mes y medio en Granma por no recibir a tiempo un antibiótico para una infección intrahospitalaria, el fallecimiento de dos jimaguas de cinco meses por demoras en transfusiones y la muerte de un hombre en Santiago de Cuba mientras esperaba una ambulancia.
La “vivienda”, con 19 denuncias, reflejó otro frente de colapso. El informe describió un parque habitacional con déficit superior a 900.000 unidades, 40% de las viviendas en estado regular o malo, derrumbes fatales o inminentes, damnificados de desastres naturales sin respuesta efectiva y madres solteras viviendo con sus hijos en condiciones precarias. También documentó amenazas de desalojo contra familias asentadas en construcciones improvisadas o locales vacíos, pese a la falta de alternativas habitacionales.
En el plano represivo, el OCC sostuvo que el Estado cubano intensificó las detenciones arbitrarias, citaciones, interrogatorios, cortes selectivos de teléfono e Internet, revocaciones de libertad condicional, amenazas y represalias familiares o económicas contra activistas, exprisioneros políticos del 11J, Damas de Blanco, periodistas, artistas, religiosos e influencers. El informe citó al experto Raudiel Peña Barrios, del Centro de Información Legal Cubalex, quien alertó sobre una “excepcionalidad de facto” sin declaración formal de emergencia.
Los presos políticos también protagonizaron desafíos desde las cárceles. Según el OCC, varios reclusos iniciaron huelgas de hambre o realizaron denuncias públicas para rechazar las declaraciones de Miguel Díaz-Canel a la cadena NBC, en las que negó la existencia de presos políticos en Cuba. Entre los casos mencionados figuran Pedro Pérez Ibarra, Arael Rodríguez Escalante, Guillermo Carralero López y Lizandra Góngora.
