LA HABANA, Cuba.- Aún no se apagan los ecos del estudio del anteproyecto de la Ley de Comunicación Social, la que según la propaganda castrista debe transformar totalmente el trabajo de la prensa cubana, y salen a la palestra evidencias que indican que los preceptos de esa Ley pudieran quedar en el discurso, pues en la práctica continúan manifestándose anomalías como el secretismo gubernamental, el no acceso de los periodistas a las fuentes de información, así como el escaso interés de muchas entidades oficialistas por responder a los reclamos de la población.
En su edición del pasado 5 de agosto, el periódico Granma publica un resumen de las respuestas institucionales a las cartas enviadas por la población a través de ese medio de prensa.
Lo primero que salta a la vista es que de 84 cartas publicadas por ese diario hasta el cierre del primer semestre del actual año, un total de 36 (el 43%) no han sido respondidas por entidades gubernamentales. Buena parte de esas quejas de la población ya llevan más de 60 días en manos de quienes están en el deber de responderlas.
La relación de entidades que han guardado silencio ante los reclamos de la ciudadanía abarca a casi todos los niveles de dirección, y a un buen número de sectores de la economía: el Ministerio de la Agricultura, las Asambleas Municipales del Poder Popular, empresas del Comercio, las Direcciones Provinciales de Planificación Física, la Empresa de Correos de Cuba, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los Registros Civiles pertenecientes al Ministerio de Justicia, las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), la Empresa Aguas de La Habana, y el Ministerio de Energía y Minas.
Entre los asuntos más expuestos por la población en sus cartas se hallan los insuficientes salarios y pensiones, las irregularidades en la distribución de las utilidades empresariales, la enorme burocracia que afrontan los ciudadanos ante el más mínimo trámite que deban hacer en cualquier entidad estatal, la falta de agua potable en las viviendas, la penetración de las aguas albañales en las viviendas debido a la ruptura de las tuberías, la desigual distribución de artículos de primera necesidad en las tiendas en moneda nacional, así como la corrupción de muchas de las personas designadas para organizar las interminables colas que son la cotidianidad del cubano de a pie.
Lo más significativo de esta desatención de las instituciones a los reclamos de la ciudadanía es que choca con el discurso de varios de los personajes de primer nivel en la nomenclatura, entre ellos el primer ministro Manuel Marrero, quienes aseguran que el primer deber de cualquier funcionario público es responder a las inquietudes de la población. Sin embargo, la realidad muestra que los funcionarios no responden, y no pasa nada. Todo sigue igual.
Por estos días también hemos comprobado, a raíz del gigantesco incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, cómo la inexistente transparencia informativa, así como el secretismo que continúa signando el actuar del régimen en materia mediática, convierten en letra muerta la citada Ley de Comunicación Social.
Por ejemplo, hay incertidumbre en torno a la versión oficialista de que un rayo provocara el incendio. Se ha apreciado lentitud para informar a la población de la gravedad que tomaban los acontecimientos, y se mantiene la nebulosa -y hasta las contradicciones- en lo referido a la cifra de víctimas del siniestro.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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