LA HABANA, Cuba. ─ La Constitución espuria promulgada en 2019 tiene un artículo muy hermoso, el 1, que afirma: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”. Es evidente que el tufillo triunfalista propio del castrismo obnubiló a los redactores, pues del dicho al hecho hay un gran trecho.
No es mi interés centrarme en la crítica de ese artículo, pues ya lo he hecho en otros textos aquí publicados, solo insistiré en el divorcio existente entre lo que se proclama como certeza ─siendo utopía─ y la práctica de un poder que jamás ha sido elegido por el pueblo.
Según afirma el jurista brasileño Rubens R.R. Casara en su libro Estado posdemocrático. Neoliberalismo y gestión de los indeseables ─texto polémico dirigido contra el capitalismo contemporáneo que a mí me sirvió para verificar la esencia represiva del Estado cubano─, cuando se habla de un Estado democrático de derecho se habla de un “tipo ideal” de Estado que tiene como principal característica la existencia de límites en el ejercicio del poder. Precisamente dos de las tareas pendientes del constitucionalismo castrista han sido promulgar leyes complementarias para hacer efectivos esos derechos constitucionales y embridar a las hordas del Ministerio del Interior (MININT), prefiriendo el vacío legislativo concomitante con una práctica que constantemente los niega.
Algunos ingenuos acostumbrados a ingestas pantagruélicas del discurso oficial cubano pensaron que después de promulgada la Constitución de 2019 muchas violaciones y torpezas serían eliminadas, pero ha ocurrido lo contrario.
El descontento se ha desbordado en las redes sociales, donde ya no publican solamente los intelectuales, sino también ciudadanos, muchos de ellos muy lúcidos y nada complacientes con respecto a lo que ocurre en nuestro país. Para contrarrestar las resonancias de esas informaciones, así como las evidencias de las reiteradas, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, la dictadura ha echado mano a todo, desde las grotescas canciones y los correveidiles de siempre hasta el uso reiterado y monótono de un discurso cada vez más cínico y mendaz.
Recientemente, el régimen cubano promulgó el Decreto Ley No.35/2021,”De las Telecomunicaciones, las Tecnologías dela Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”, un instrumento coercitivo que pretende acallar el reclamo de libertad de los cubanos.
Dueños de una manía persecutoria delirante, los representantes del Gran Hermano no han vacilado en multar a todo el que se atreva a hacer pública cualquier crítica, mucho más si la opinión expuesta se relaciona con el manejo de la COVID-19, el deprimente estado de nuestros hospitales y centros de aislamiento, los servicios necrológicos o la falta de insumos y medicamentos.
Varios galenos han sido separados del trabajo por atreverse a denunciar lo que ocurre en el sistema nacional de salud, una medida administrativa que refleja la esencia del régimen y otra prueba contundente de cómo se viola el derecho a la libertad de expresión proclamado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 54 de la Constitución comunista.
Hace pocos días el activista político Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, provincia de Guantánamo, fue multado con $3 000 pesos por cometer el “delito” de publicar un llamado en las redes sociales pidiendo a los funcionarios de la dictadura que visitaran los centros de salud donde permanecen hospitalizados los enfermos de COVID-19.
El señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular y uno de los miembros más repulsivos de la dictadura ─que son muchísimos─ , tuvo la desvergüenza de afirmar el pasado 24 de julio en una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) que en Cuba no se encarcelaba a nadie por expresar sus ideas. Ante afirmaciones como esa pareciera que vivimos en mundos paralelos: uno marcado por las mentiras y manipulaciones del discurso oficialista y otro por la realidad
En la madrugada del 16 de julio de 1997 fueron arrestados en sus domicilios Martha Beatriz Roque Cabello, Félix Bonne Carcassés, Vladimiro Roca y René Gómez Manzano, quienes, posteriormente, serían sancionados por un presunto delito de “incitación a la sedición”. Lo que hicieron fue publicar el documento “La Patria es de todos”, donde analizaron la situación nacional y defendían el derecho de todos los cubanos a participar en el gobierno del país en igualdad de condiciones.
En 2003 decenas de cubanos fueron encarcelados por ser activistas políticos o ejercer el periodismo independiente. Estos sucesos fueron bautizados como “la primavera negra de Cuba”. Después, otros muchos han sido encarcelados por practicar ese derecho humano, entre ellos el joven Luis Robles (todavía preso), quien en diciembre de 2020 se manifestó con un cartel en el bulevar San Rafael de La Habana.
Dicen los comunistas que en nuestro país hay igualdad ciudadana, pero los que discrepan de su ideología no tienen derecho a organizarse o reunirse públicamente con sus afines. Esa igualdad es solo para los que apoyan a la dictadura, aunque, incluso dentro de ella, “algunos son más iguales que otros”.
Durante las pasadas protestas del mes de julio miles de cubanos fueron detenidos por manifestarse públicamente en contra de la dictadura. Todavía permanecen presos Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel; José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), los jóvenes artistas Hamlet Lavastida y Luis Manuel Otero Alcántara, los manifestantes de la calle Obispo del pasado 30 de abril, el periodista independiente Esteban Rodríguez y cientos más, aunque algunas fuentes aseguran que son miles.
Dentro de esa numerosa cantidad de personas presas por ejercer un elemental derecho humano hay muchos que fueron golpeados y heridos, algunos de ellos menores de edad y hasta discapacitados, como Yunior Consuegra.
El delirio persecutorio de la dictadura ha llegado al extremo de emplear represores y recursos materiales para rodear las viviendas de opositores pacíficos y periodistas independientes con el objetivo de impedirles salir de sus casas, otra violación del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 52 de la Constitución cubana, que proclama formalmente el derecho a la libertad de movimiento. Los recientes casos de Camila Acosta, Carolina Barrero y Luz Escobar, por solo citar algunos, prueban lo afirmado.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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