GUANTÁNAMO, Cuba. – Una funcionaria de la oficina de cobro de multas visitó al activista Diosvany Salazar Rodríguez, integrante del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), para que pagara sendas multas de 3 000 pesos que le fueron impuestas el pasado año.
El disidente relató a CubaNet que la mujer se presentó en la mañana del pasado domingo en su vivienda, ubicada en el poblado de Marquesito, a 17 kilómetros de la capital de Guantánamo. La funcionaria le solicitó que pagara ambas sanciones, “amparadas” en el Decreto-Ley 370.
Salazar Rodríguez fue multado por causa de varias publicaciones y denuncias que realizó en redes sociales. Ante la petición de la inspectora para que multas, el activista aseguró que no iba a pagar ninguna de las dos debido a que no tenía dinero para ello.
“Aquí no hay justicia. Yo no maté ni robé a nadie. Yo simplemente publiqué en las redes sociales que el pueblo cubano tiene hambre, y ya por eso me pusieron las dos multas arbitrarias de 3 000 pesos, y por reclamar mi derecho. Esto esta ordenado por la Seguridad del Estado”, comentó el activista a este diario.
Salazar Rodríguez añadió que la mujer redactó un papel y quiso que este lo firmara, pero él se negó a hacerlo.
Por su parte, Yumileidys Cantillo Rodríguez, esposa del disidente multado, declaró su marido “no tiene dinero para pagar estas multas”, las cuales le fueron impuestas “sin él cometer ningún delito alguno”.
“Aquí en Cuba tú no puedes reclamar tus derechos, porque si los reclamas eres un gusano o un contrarrevolucionario y te desaparecen de la faz de la tierra. Ellos te violan tus derechos y cuando ven que tu reclamas por justicia ellos tratan de acabar con uno”, agregó Cantillo Rodríguez.
La primera de las multas a Diosvany Salazar Rodríguez fue impuesta el 2 de abril de 2020 y la segunda apenas dos meses después, el 12 de junio.
Junto a Salazar Rodríguez han sido multados bajo el Decreto-Ley 370 otros cinco activistas en la provincia de Guantánamo y poco más de 30 disidentes en todo el país.
Las autoridades cubanas han utilizado esta disposición para multar a periodistas independientes y a personas que denuncian a través de las redes sociales las violaciones que se comenten dentro de la Isla. También ha sido motivo de sanciones la publicación de contenidos en plataformas independientes que el régimen considere contrarias a las buenas costumbres y a la moral socialista.
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