LA HABANA, Cuba.- Como Estado firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), un gobierno tiene la obligación (puesto que se trata de un documento vinculante) de garantizar y promover el cumplimiento de esos derechos para todos sus ciudadanos. En Cuba, no obstante, a pesar de ser firmante del mencionado Pacto, es el propio Estado quien viola los derechos del pueblo al que se comprometió a proteger.
El acceso a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos los niños, la obligación de desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes, así como un acceso equitativo a la educación superior. Abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza.
De manera que la enseñanza obligatoria y gratuita de la que tanto se jacta el gobierno castrista es, en realidad, una obligación del Estado. Es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio otorgado por Fidel Castro y sus sucesores. Sin mencionar que la enseñanza en Cuba no es verdaderamente gratuita si se cobra con trabajo infantil no remunerado y con chantaje político. La dictadura no se cansa de reiterar que “la universidad es para los revolucionarios”. Esto en sí es una contravención del PIDESC, pues este también establece que la educación debe “fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ayudar a todas las personas para participar efectivamente en la sociedad”. La enseñanza gratuita tampoco es exclusiva de nuestro país, pues otros Estados ofrecen educación (verdaderamente) gratuita, incluso universitaria, incluso para estudiantes extranjeros. Algunos de ellos son Finlandia, Alemania, Noruega, Grecia, y en nuestra área, Argentina, México, Ecuador y Uruguay, por ejemplo.La Declaración Universal de Derechos Humanos también proclama, en su artículo 26: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirma en su artículo 13 este principio: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres (…) de escoger para sus hijos (…) escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (…), y de hacer que sus hijos (…) reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza (…)”.
El Estado tiene, pues, la obligación de respetar la libertad de los padres de escoger una escuela para sus hijos, así como de garantizar su derecho a que estos sean educados dentro de sus valores y creencias. Sin embargo, en Cuba los padres no pueden ejercer esos derechos y libertades, incluso son encarcelados por intentarlo. Recuérdese el lamentable caso del matrimonio formado por los pastores evangélicos Ayda Expósito y Ramón Rigal, quienes en abril de 2019 fueron condenados a un año y medio y dos años de prisión, respectivamente, por enseñar a sus hijos en casa.
Un Estado firmante del PIDESC tiene asimismo la obligación de proporcionar una enseñanza personalizada, adaptada lo más posible a las necesidades de cada individuo. Pero en Cuba la enseñanza especializada se limita a unas pocas discapacidades. En las aulas cubanas los métodos de instrucción están diseñados para el alumno promedio. Si algún niño asimila más rápidamente que los demás, en lugar de acelerar su aprendizaje se le da trabajo extra “para que se entretenga y no moleste”. En Cuba no existen las instituciones especializadas ni el personal debidamente capacitado para enseñar a alumnos con necesidades educativas especiales tales como la superdotación intelectual. Por consiguiente, en vez de estimularlos, de encauzarlos adecuadamente, los frustran, como también ocurre con los niños que son más creativos que la media, o los individuos de pensamiento poco convencional.
Otra de las disposiciones contenidas en el PIDESC es que el Estado tiene la obligación de proteger a niños y jóvenes del adoctrinamiento. En Cuba, sin embargo, son las propias escuelas (todas estatales) las que saturan a los niños con más adoctrinamiento que instrucción. Al respecto, una joven madre me confiesa, mientras me da a hojear el libro de lectura de su hijo: “Yo no quería parir hasta que no lograra emigrar, porque no quería que me adoctrinaran a mis hijos. Pero las cosas no me resultaron como yo pensaba, y tuve un niño, que ya está en primer grado. Sufro de ver las barbaridades que le enseñan, pero lo llevo a la escuela por miedo de señalarme. No abandono el sueño de poder emigrar”.
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