MIAMI, Estados Unidos. – El preso político Yosvany Rosell García Caso fue trasladado al hospital Clínico Quirúrgico de Holguín tras desmayarse en la prisión Cuba Sí, también conocida como El Yayal, en la madrugada del pasado lunes, contó Mailín Rodríguez Sánchez, su esposa, a Radio Martí y Diario de Cuba.
Rodríguez Sánchez precisó que la salud de su pareja era “muy frágil”, y que había perdido mucho peso, hasta llegar a 55 kilos.
García Caso, de 34 años, manifestante en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín y condenado a 15 años de cárcel por el presunto delito de sedición, se encuentra en estado crítico tras 20 días en huelga de hambre.
“Está muy debilitado y ha perdido mucho peso, está en 55 kilos, según me dicen. Él dejó de tomar agua el día 29 de mayo, por eso es que se desmaya”, dijo Rodríguez Sánchez a Martí Noticias.
De acuerdo con la mujer, a pesar de las condiciones críticas de su esposo, las autoridades penitenciarias no han permitido el ingreso de medicamentos para sus padecimientos de hipertensión. Incluso, durante su protesta, el preso político fue colocado en aislamiento, lo cual ha agravado su situación.
“Ahí lo tienen en un cubículo que hay que está preso con rejas custodiado con cuatro guardias”, dijo Rodríguez Sánchez a Radio Martí. “Pido justicia y libertad para Yosvany Rosell García Caso, que está en peligro su vida”, agregó en su conversación con Diario de Cuba.
FANTU responsabiliza al régimen cubano por cualquier daño al huelguista Yosvany Rosell García
Desde el inicio de las protestas en julio de 2021, García Caso ha estado demandando la revisión de su condena, y ha denunciado en múltiples ocasiones un turbio proceso judicial. Asimismo, ha declarado que prefiere la muerte antes que vivir injustamente privado de su libertad.
“Él no aguanta más estar preso, inocente, sin haber cometido delito, él no aguanta más estar lejos de sus hijos”, dijo su esposa.
Desde que comenzaron los juicios a los manifestantes del 11J, varios activistas de derechos humanos y ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos. La acusación de sedición ha sido particularmente controvertida. Organizaciones como Justicia 11J y Human Rights Watch han criticado su uso, alegando que tiene connotaciones políticas y es una violación a los Derechos Humanos.
