LA HABANA, Cuba. — Ángel Serrano Hernández, manifestante del 11 de julio que se encuentra recluido en la cárcel del Combinado del Este, fue castigado por las autoridades de ese centro penitenciario tras un altercado con otros dos presos.
Su hijo, Anry Serrano, reveló a CubaNet que ninguno de los reclusos que agredieron a su padre, también manifestantes del 11J, ni siquiera fueron reprendidos pese a haber sido ellos quienes iniciaron el conflicto.
El preso estuvo encerrado en celda de castigo desde el 21 de febrero hasta el 1º de marzo. Su hijo amplía que cuando protestó por ese castigo ante el oficial conocido como mayor Kindelán, este le respondió que “ellos saben cuáles son los métodos que tienen que utilizar”, y que él hace “lo que tiene que hacer”.
Como ejemplo de las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en régimen de castigo está, entre otras violaciones, quitarles los colchones a las seis de la mañana y no devolvérselos hasta pasadas las siete de la noche.
Serrano Hernández, de 55 años, se encuentra en el 2º piso, ala norte del Edificio 1. Añade su hijo que reclamó también que él no debería estar en ese edificio, que es donde están encarcelados los asesinos y otros criminales con delitos graves y de más largas condenas.
Sobre el castigo contra su padre, un oficial que se identifica como coronel Hardy dijo a Anry que él hace “lo que tiene que hacer”. El joven cuenta que, ante esta respuesta, le contestó: “A mí me consta que ustedes saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. A mí me preocupa la seguridad de mi padre, y si le pasa algo los voy a denunciar a todos los niveles”.
Agrega el joven que las autoridades penitenciarias intentaron acortar el tiempo de duración de la visita, a lo cual él se negó terminantemente.
De acuerdo con cifras recientes compartidas por el grupo de trabajo Justicia 11J, unas 1 417 personas fueron detenidas en Cuba por causa de las protestas antigubernamentales de esa jornada, de ellos, 747 continúan en detención y 281 aún no han recibido sus sentencias. Otras 64 personas quedan pendientes a juicio, mientras que 357 ni siquiera tienen petición fiscal.
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