LA HABANA, Cuba.- A más de un mes de las masivas protestas del pueblo cubano el 11 de julio contra la dictadura, un total de dieciséis organizaciones de derechos humanos reiteraron su preocupación la represión con que el Estado ha respondido, “misma que ha derivado en la comisión de graves violaciones a derechos humanos contra personas manifestantes, una mayor polarización entre los distintos sectores de la población, y una nueva cancelación en la posibilidad de diálogo y apertura para escuchar y atender las demandas sociales”.
Según señala el documento, desde el 11 de julio (11J) de 2021, Cubalex ha reportado 837 arrestos, de los cuales 33 corresponden a personas en edades comprendidas entre 14 y 18 años; del total, 280 han sido excarceladas y 10 continúan en desaparición forzada.
Las organizaciones han documentado la represión como varios actos que atentaron contra la integridad física y psicológica, la seguridad personal y jurídica de las personas manifestantes del 11J, así como actos contrarios a los derechos de reunión, libertad de expresión, acceso a la información y derecho a defender los derechos humanos.
“Las personas encarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos, entre los que se pueden mencionar golpizas, electroshocks, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual, uso de perros para amedrantar (algunas personas resultaron mordidas en altas horas de la noche), interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, condiciones higiénicas deplorables y hacinamiento en las celdas, exponiendo altamente a las personas e incrementando los riesgos de contagio por COVID-19. (…) Entre los tratos humillantes se describieron desnudos injustificados y obligación a hacer cuclillas en busca de objetos en los genitales, las personas prisioneras fueron obligadas a gritar consignas a favor de la “revolución” como “Viva Fidel» y “Viva Díaz-Canel”. Asimismo, muchos de los excarcelados perdieron notablemente peso debido a la insuficiente cantidad de alimentos y a la falta de higiene en la elaboración y almacenamiento para la distribución de estos y el agua potable”, detalla el comunicado.
Ante esta situación, las organizaciones anuncian que continuarán denunciándola ante Naciones Unidas y las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de que el Estado cubano adopte “medidas determinadas que vayan encaminadas a cesar la represión y sistemática violación a los derechos de la población, y, por el contrario, genere condiciones que garantice el ejercicio de sus derechos”.
Asimismo, realizan un llamado al gobierno cubano para que “informe con transparencia y sin obstáculos” sobre los procesos seguidos contra los manifestantes del 11J y fundamentalmente sobre el paradero y condiciones físicas de los considerados en desaparición forzada; y reconocen “como una necesidad imperante la aprobación de una legislación sobre el derecho de reunión y manifestación pacífica que evite su criminalización”.
Apoyan además los reclamos ciudadanos de liberación inmediata y sin cargos de los detenidos desde el 11J, así como de los activistas y artistas privados de su libertad en espera de juicio.
“De igual manera, nos unimos al llamado que, desde la sociedad civil cubana, se hace a diferentes organismos internacionales y a gobiernos democráticos a pronunciarse sobre la violencia desatada por parte del Estado cubano contra los ciudadanos que protestaron pacíficamente el 11 de julio”, sentencian.
Las organizaciones firmantes del documento que denuncia la represión del régimen cubano son: ADN Cuba, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), CADAL, Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, Colectivo Voces del Sur, Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), CUBALEX, Freedom House, Freemuse, IFEX-ALC, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Instituto Cubano por la Libertad de expresión y Prensa (ICLEP), La Hora de Cuba, PEN América, y PEN Internacional.
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