MIAMI, Estados Unidos.- La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y el embajador de Reino Unido en La Habana, Dr. Antony Stokes, reaccionaron este martes al nuevo Decreto-Ley 35 y la Resolución 105 del gobierno cubano, las cuales restringen aún más la libertad de expresión en la Isla.
“El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el Decreto-Ley 35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales”, escribió en la red social de Twitter el diplomático británico.
Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental denunció en la misma red social la continua censura del régimen de La Habana. “Hoy, el gobierno cubano anunció otra ley de censura en un claro intento posterior a la protesta de silenciar al pueblo cubano”, reza la publicación.
“Las autoridades cubanas deben respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su propia voz, no castigar a quienes dicen la verdad”, agrega posteriormente.
El régimen comunista cubano publicó este martes la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”, la cual tipifica como delitos “la divulgación de noticias falsas”, el “ciberterrorismo” y otras figuras que hasta ahora no tenían respaldo legal en la Isla, como “los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión”.
Según la nueva normativa legal, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de este 17 de agosto, daños éticos constituyen en Cuba “la divulgación de noticias falsas” y de “mensajes ofensivos”, así como la “difamación con impacto en el prestigio del país” ya sea en redes sociales u otros medios.
Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM), explicó que esta categoría incluye la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado”, esos que inciten “a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público, los mensajes que hagan “apología a la violencia”, así como los que “afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
El documento publicado hoy reconoce al “ciberterrorismo” como aquellas acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad sea la de “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Incurrirán en el supuesto delito de “ciberterrorismo” aquellos que alteren “gravemente la paz pública”, desestabilicen “gravemente el funcionamiento de una organización internacional” o provoquen “un estado de terror en la población o en una parte de ella”.
