LA HABANA, Cuba.- Después de treinta y dos días cumpliendo prisión preventiva, este 12 de agosto fueron liberados dos de las cinco personas que continuaban detenidas en la Isla de la Juventud por participar en las pacíficas protestas del 11 de julio (11J): Loisel Castro Herrera y Osvel Barzagas Claro.
Pese a que el Instructor Penal había aclarado a Daymaris Herrera, madre de Loisel, que no serían condescendientes con ellos, que los procesados enfrentaban penas de uno a tres años de privación de libertad por el supuesto delito de “desorden público”, al parecer la desesperada denuncia de la madre mediante CubaNet surtió efecto, pues ambos fueron liberados poco después, con una multa de 3 000 pesos en virtud del Decreto-Ley No. 310.
“Fueron días duros, pero cada día que pasaba, cada golpe que me dieron, me hizo más fuerte, siento más ganas de luchar. Queda todavía mucha más gente detenida, mucha gente buena, gente que no se sabe de su paradero”, declaró a CubaNet Loisel Castro, activista del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP).
El joven de 30 años estuvo entre las aproximadamente una quincena de personas detenidas el 11J en el territorio pinero. Asegura haber sido golpeado durante su detención por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, incluso dentro de la patrulla y en la estación policial; además, fue sometido a interrogatorios y amenazas por su activismo opositor.
Por su parte, el también activista del PAP Osvel Barzagas, de 39 años, relata las condiciones de los calabozos en los que los mantuvieron esos treinta y dos días: “Mucho calor, mosquitos, pésima higiene y alimentación, un sufrimiento horrible”.
En uno de los interrogatorios posteriores al 11J, un capitán le dijo a Barzagas que, en caso de que en Cuba hubiera un cambio en el que por un tiempo el país “se quedara a la deriva”, durante una transición, ellos se buscarían para matarse porque eran enemigos. “Yo solo le aclaré que ni yo ni ningún miembro del PAP lo buscaría ni mataría porque nosotros somos pacíficos”, cuenta el activista.
Sanción sin derechos ni garantías
Castro y Barzagas fueron liberados el 12 de agosto bajo fianza de 2 000 pesos; al día siguiente les conmutaron la medida por una multa de 3 000 pesos en virtud del Decreto-Ley No. 310, artículo 8, inciso 3, según detalla el talonario.
Sin embargo, el Decreto-Ley No. 310 solo constituye una modificación de varios de los artículos de la Ley de Procedimiento Penal y del Código Penal (CP) cubano, entre ellos el 8.3 del CP. Según esta modificación al artículo 8.3 del CP, en aquellos delitos cuya sanción no exceda de tres años de privación de libertad, o multa de hasta mil cuotas o ambas, la autoridad actuante, en este caso la policía, está facultada para imponer una multa administrativa (entre 2 000 y 7 000 pesos) en lugar de enviar el caso a los tribunales y hacer un juicio.
“Esto es una violación de las garantías del debido proceso porque convierte a los policías en jueces, porque están interpretando directamente la ley y eso debería hacerlo solamente un tribunal; los policías tampoco están preparados ni capacitados para hacer ese tipo de trabajo porque, por ejemplo, estarían violando el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Esas personas estarían aceptando que la policía los juzgue sin la presencia de un abogado defensor. Y, por otra parte, no los instruyen correctamente de los derechos, porque la persona se podría negar a que un policía lo juzgue y, en cambio, lo lleven a un tribunal, lo cual, por supuesto, en Cuba eso tampoco da ninguna garantía”, explicó Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex.
Situación de los activistas
Hasta la fecha, cuatro de los detenidos el 11J en la Isla de la Juventud fueron liberados bajo fianza. Otros tres permanecen encarcelados: Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diéguez, ambos en la prisión conocida como El Guayabo; y en la estación policial: Juan Luis Sánchez González.
Con este último compartieron celda Loisel y Osvel y, además de “desorden público”, se le acusa de “atentado”. Aunque no milita en el PAP, la organización también aboga por su libertad.
“Juan Luis es un muchacho que pasaba por ahí el 11 de julio y vio el atropello que se estaba cometiendo con nosotros y protestó contra ese abuso. Lo golpearon tanto, incluso esposado, que él dice que apenas se acuerda de todo lo sucedido”, cuenta Barzagas. También le rompieron el teléfono al ser sorprendido llamando a su familia para notificarle dónde estaba.
Prisoners Defenders estima que las cifras de personas detenidas desde el 11J oscilan entre 2 000 y 8 000.
Hasta la fecha, Cubalex contabiliza un total 821 arrestados; 260 excarcelados, la mayoría con medidas cautelares; y 10 en desaparición forzada. Las cifras aumentan diariamente, a medida que las organizaciones van teniendo acceso a las víctimas y sus familiares.
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