LA HABANA, Cuba.- Ha transcurrido más de un mes de las protestas y los cubanos siguen desgastándose entre el enfrentamiento a la pandemia y la lucha desigual contra un sistema jurídico subordinado al Partido Comunista (PCC). Aún se cuentan por centenares los presos condenados en procesos sumarios, o esperando en prisión preventiva el veredicto de jueces más predispuestos al castigo que a la razón. Detrás de cada uno de esos reclusos que hoy cumple o está en riesgo de cumplir una pena excesiva por haber salido a manifestarse pacíficamente, hay una familia que se ha visto obligada a reestructurar su sistema de vida, si es que tal cosa existe bajo un régimen que mantiene a millones subsistiendo con lo justo, sin alimentos, medicinas, viviendas dignas, ni esperanza.
Ha transcurrido un mes y los cubanos seguimos esperando un pronunciamiento de la UNICEF por los 33 ciudadanos de 18 años o menos que, según reporte de Cubalex, fueron arrestados durante las protestas, permaneciendo encarcelados e incomunicados sin que sus afligidos padres tuvieran noticias de ellos hasta varios días más tarde. Algunos han sido liberados -casi todos con cargos-, pero solo después de la ola de denuncias impulsada por la sociedad civil dentro y fuera de la Isla, que han estado pendientes de los abusos y arbitrariedades cometidos por el régimen en connivencia con entidades foráneas que dan por sentado que los adolescentes cubanos no sufren la misma violencia que sus coetáneos de otros países.
A pesar de los testimonios publicados, los representantes de UNICEF para América Latina y el Caribe no han tenido nada que decir de la “manguera” y la “mandarria” que un policía le prometió a Gabriela Zequeira (17 años); lenguaje que encierra una amenaza de violación en toda regla. Tampoco se han interesado por el adolescente de 14 años Christopher Lleonart Santana, paciente psiquiátrico arrestado el 17 de julio y a quien su madre no pudo ver hasta el 9 de agosto, cuando finalmente le permitieron llevarle su medicamento.
La tolerancia de ciertas organizaciones internacionales en beneficio de la dictadura castrista no es noticia; pero tanta desidia frente a los atropellos que han sufrido los cubanos en el último mes da la razón a quienes acusan a la ONU y sus dependencias de mantener un vergonzoso contubernio con gobiernos totalitarios. En sus presupuestos, UNICEF se define como el organismo encargado de “proteger los derechos de todos los niños en todas partes, especialmente a los más desfavorecidos”. Una golpiza a manos de la policía no encaja, al parecer, en el concepto de “desfavorecido”, como tampoco el haber permanecido encerrado e incomunicado por días o semanas, a merced de un Estado que interpone barrotes entre un menor de edad y la Patria Potestad que en cualquier circunstancia debería ser inviolable.
Para UNICEF no es tortura que un esbirro maltrate a un chico mentalmente perturbado y le niegue sus medicinas. La misma organización que ha dedicado tiempo y recursos a estudiar el impacto que deja en niños y adolescentes el encarcelamiento de uno o ambos progenitores, no ha querido revisar en qué condiciones han quedado cientos de hogares cubanos después del 11 de julio.
A poco más de un mes del estallido social, hay padres y madres en prisión por haber ejercido su derecho a la protesta pacífica. Expuestos al contagio por la COVID-19, imposibilitados de abrazar, consolar y suplir las necesidades de los suyos, aguardan la fecha de un juicio donde la última palabra será la de la policía política y no la del juez.
También las familias cubanas han tenido que reestructurar la dinámica doméstica, porque son muchos los menores de edad que han quedado bajo el cuidado de sus abuelos, quienes en la mayoría de los casos no tienen la salud, la economía ni la resistencia para asumir a tiempo completo labores de crianza sumadas al tormento de las colas, el miedo a contraer el virus y el estrés de una batalla legal para demostrar la inocencia del hijo encarcelado.
La protección de UNICEF no es para Carolina, una bebé de 23 meses que quedó en brazos de una vecina cuando su madre, Rocío Brito Torres fue arrestada y conducida al Centro de Investigación Policial de Matanzas, donde permanece hasta la fecha sin causa probada mientras su hijita, lactante aún, llora a gritos por su mamá. Tampoco es para Brandon David Becerra (17 años), preso desde hace un mes en la cárcel del Guatao sin que su madre pueda verlo; ni para los cinco hijos de Lizandra Góngora, también recluida por haber participado en las protestas, herida en una pierna y contagiada con la COVID-19. Mientras organizaciones internacionales desvían la mirada de lo que ocurre en el paraíso de la izquierda mundial, los derechos de Emiyoslán Román, Glenda Marrero, Katherine Martín, Rubén Alejandro Parra y Yanquier Sardiñas, todos adolescentes de entre 15 y 17 años, han sido pisoteados por haber gritado “Libertad” o “Patria y Vida”.
Quienes conocen el panorama socioeconómico de la Isla pueden imaginarse la vulnerabilidad que atraviesan los hogares que tienen algún miembro en prisión tras el estallido social del 11 de julio. Lo peor es que ese día no se cometió ningún crimen que mereciera la respuesta desproporcionada de la dictadura contra los ciudadanos; una arremetida que ha llenado las cárceles de gente inocente con el único propósito de infundir terror para recuperar el control. Los niños y adolescentes que ahora sienten temor e inseguridad, que ven redobladas sus penurias por la ausencia del proveedor del hogar, que no pueden dormir pensando en su madre presa, son solo daños colaterales.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.
