MIAMI, Estados Unidos. — Un juez federal en California bloqueó este martes las disposiciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos para el asilo político, que obligan a los migrantes a programar una cita a través de la aplicación móvil CBP One antes de presentarse en la frontera o a solicitar amparo en otro país antes de llegar a EE. UU.
El fallo estuvo a cargo del magistrado Jon S. Tigar —designado por el expresidente demócrata Barack Obama— tras los reclamos de grupos civiles que rechazaron la medida de la administración Biden al considerarla violatoria de las leyes de asilo.
De acuerdo con CNN y Los Angeles Times, la decisión del juez Tigar no se hará efectiva inmediatamente, ya que el magistrado ha dado 14 días al ejecutivo estadounidense para apelar la decisión.
Tras emitir sus nuevas disposiciones para el asilo político, la administración Biden fue demandada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.
“El fallo es una victoria, pero cada día que la administración de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro”, declaró a la Agencia EFE Katrina Eiland, directiva de ACLU.
Por su parte, funcionarios del Gobierno dijeron al medio español que la administración dará batalla para revocar la decisión.
“Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario”, dijo Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Desde enero del presente año, la administración Biden lanzó una política para poner fin a la crisis migratoria en la frontera sur. Desde entonces, el ingreso de migrantes se redujo drásticamente. El “cierre” de la frontera vino acompañado por el programa de parole humanitario, extensivo para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con residencia en sus países de origen.
