MIAMI, Estados Unidos. – La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, lanzó una advertencia sobre el rumbo político de Bolivia, comparándolo con lo que consideró “tiranías consumadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En una publicación en la red social X, antes Twitter, Añez criticó el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la política boliviana, alegando que sus decisiones están siendo “dictadas” desde el Ministerio de Justicia bajo la administración del presidente Luis Arce.
Añez también describió al TCP como un órgano “caducado y funcional al régimen del MAS [Movimiento al Socialismo]”, acusando al gobierno de prescindir de la Asamblea Legislativa y seguir un camino hacia la tiranía. Sus declaraciones surgen en medio de un conflicto por la prórroga de mandato de los magistrados del TCP y otros tribunales máximos, debido a la ausencia de elecciones judiciales que debieron celebrarse en 2023.
La situación se complica aún más con el estancamiento en el Parlamento boliviano, que no ha logrado un consenso para convocar a elecciones judiciales, a pesar de los esfuerzos de una comisión bicameral y multipartidaria por elaborar una nueva ley electoral.
La prórroga de los magistrados ha sido defendida por el gobierno de Arce, que niega cualquier inconstitucionalidad en la medida. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada no solo por Añez, sino también por los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales, quienes han expresado preocupación por lo que ven como un avance hacia una “dictadura político-judicial”.
En este contexto de tensión política, sectores afines a Evo Morales han iniciado bloqueos de carreteras demandando la renuncia de los magistrados del TCP, en rechazo a una sentencia que inhabilita a Morales como candidato presidencial. La sentencia argumenta que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, lo cual ha sido un punto de controversia desde los fallidos comicios de 2019.
En junio de 2022, Añez fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada culpable por los supuestos delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”. Las ilegalidades habrían sido cometidas al asumir la presidencia interina de Bolivia en 2019, luego de que las elecciones presidenciales en las que Evo Morales intentó relegirse provocaran violentas protestas y el Ejército obligara a renunciar al líder cocalero, en un hecho considerado por el oficialismo como un “golpe de Estado”.
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