LA HABANA, Cuba. – El opositor guantanamero Diosvany Zalazar Rodríguez ha estado en la mira de la Seguridad del Estado cubana en disímiles ocasiones: desde la detención injusta de su hijo Diosvany Zalazar Cantillo hasta la imposición de tres multas en virtud del Decreto-Ley 370, una regulación que prohíbe la “difusión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Zalazar Rodríguez y su familia viven en la localidad de Maqueicito, un pueblo de campo en las afueras de la ciudad de Guantánamo. El opositor, de 45 años ha sido reprimido en varias ocasiones por expresarse contra el régimen de la Isla.
Su activismo en la oposición comenzó tras poner carteles en el poblado donde reside, debido a la crisis que existía allí con el agua potable. Con esa acción, logró que instalaran una tubería de agua para la comunidad.
Más adelante, comenzó a manifestarse a través de Facebook. En varias publicaciones ha denunciado la falta de alimentos en la Isla y ha dicho que los cubanos se están “muriendo de hambre”.
Zalazar Rodríguez perteneció a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y al Frente Antitotalitario Unido (FANTU), motivo por el cual fue secuestrado varias veces por agentes del régimen. En una de esas ocasiones, lo detuvieron y soltaron en medio del campo sin zapatos, y lo amenazaron con llamar a la Policía alegando que se iba del país, pues la zona en la que lo dejaron está restringida por colindar con la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo.
El cuentapropista ha denunciado también la escasez que sufre el pueblo cubano, lo que le provocó que fuera multado dos veces por el Decreto-Ley 370, con cuotas de 3000 pesos. La primera multa data de abril de 2020; la segunda la recibió apenas dos meses después.
En ese mismo año, pero en diciembre, Diosvany Zalazar (hijo), quien se encontraba estudiando en el curso nocturno del Politécnico Julio Antonio Delgado para alcanzar el duodécimo grado, fue detenido ilegalmente e inculpado en un hecho delictivo en el que había participado un recluta del Servicio Militar Activo.
En esa ocasión, el opositor guantanamero exigió la liberación de su hijo y aseguró que el proceso contra el joven era una represalia por su oposición al régimen, así como un escarmiento por sus actividades contra el sistema.
La madrugada del 15 de noviembre de 2021 un grupo de policías llegó a su casa y le realizó un registro. Los agentes le incautaron su móvil y el de su esposa, Yumileidys Cantillo Rodríguez, así como una memoria flash. Hasta el momento, el matrimonio no ha podido recuperar ninguno de estos dispositivos.
El disidente fue multado una vez más con 3000 pesos por la llamada Ley Azote, por compartir y validar en Facebook una publicación relacionada con el agente Fernando (sacado a la luz por el régimen cubano en noviembre del pasado año), en la que se decía que había asesinado a una dama de blanco.
El hecho ocurrió hace poco más de un año, pero la confiscación de su teléfono por parte de la Policía le impidió denunciar el hecho en ese momento.
Por no pagar ninguna de las tres multas impuestas (un monto de 9000 pesos), Zalazar Rodríguez continúa siendo hostigado por funcionarios de la Oficina de Cobro de Multas y amenazado con ser llevado ante los tribunales.
